Hay una categoría jurídica que debería estar en el centro de cualquier conversación seria sobre corrupción en México y el mundo: la de las personas políticamente expuestas. No son sospechosos por definición, pero el sistema jurídico, financiero y penal los trata con especial atención en varios sectores.
Durante mucho tiempo la prevención de lavado de dinero se concentró en identificar operaciones inusuales o como se denominaron en un principio “sospechosas”, movimientos atípicos y diversos mecanismos diseñados para ocultar el origen ilícito de los recursos derivados de distintos delitos que son la fuente de los recursos que se lavan como la extorsión, el fraude, el secuestro, la defraudación fiscal, el tráfico de drogas y de armas, entre otros.
Bajo esa visión tradicional, el análisis se dirige principalmente al dinero y a las transacciones económicas, bancarias y financieras de personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en México o el extranjero, incluyendo: jefes de Estado o de Gobierno, gobernadores y presidentes, legisladores federales y locales, ministros, magistrados y jueces de altos tribunales, embajadores y cónsules, altos mandos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, directores de empresas productivas del Estado o de organismos financieros internacionales, etc.
En este contexto adquiere relevancia la figura de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), considerada uno de los mecanismos preventivos más importantes dentro de los programas de cumplimiento y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. México todavía no tiene en forma consolidada un registro público y actualizado de personas políticamente expuestas; tampoco hay mecanismos reales y efectivos de intercambio de información entre la UIF, el SAT y la FGR; tampoco hay una cultura de cumplimiento en el sector privado más allá de lo que hay en la ley hasta hoy y, sin eso, el dinero sigue fluyendo.
Las recomendaciones internacionales, particularmente las emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), han establecido que las instituciones financieras y sujetos obligados deben implementar mecanismos reforzados para identificar y monitorear este tipo de perfiles. México refleja en este caso su preocupación y apoyo en el documento que se dio a conocer hace unos días, la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”, que tiene como objeto dar a conocer elementos y criterios que fortalezcan la detección y mitigación de los riesgos de operaciones con recursos de procedencia ilícita asociados a este delito.
Las áreas de riesgo en materia de Personas Políticamente Expuestas pueden incluir distintos delitos: corrupción, cohecho, enriquecimiento ilícito, conflictos de interés, desvío de recursos públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, beneficiarios finales ocultos o simulación patrimonial.
Con frecuencia los riesgos asociados con operaciones complejas migran hacia estructuras periféricas aparentemente ordinarias: familiares, socios, representantes, empresas relacionadas, terceros intermediarios o sociedades constituidas para determinados fines específicos. Actualmente, la prevención moderna ha dejado de observar únicamente personas y ha comenzado a analizar redes completas de relaciones económicas y corporativas que han emergido como parte importante en estos delitos.
La sola existencia de una Persona Políticamente Expuesta no implica actividad ilícita. Sin embargo, sí obliga a profundizar el análisis mediante medidas reforzadas: identificar beneficiario final, verificar origen de recursos, analizar congruencia patrimonial, revisar actividad económica, documentar decisiones y mantener un monitoreo continuo, así como un debido cumplimiento fiscal son medidas básicas de prevención.
La ley ya sabe dónde está el dinero. El problema es que quienes deben buscarlo también saben y, a veces, deciden no encontrarlo.
El verdadero desafío no consiste únicamente en vigilar el dinero. Consiste en entender que, en determinados contextos, el poder puede convertirse en una variable de riesgo. El dinero puede ocultarse en cuentas, empresas o contratos; pero la influencia y el poder casi siempre dejan rastros. El patrimonio no miente, las personas sí.
