Por Benjamín Canela Manzo
A través de la historia del sistema penitenciario, los gobiernos contemporáneos han tratado de mejorar el sistema en los centros de readaptación social, ya que desde hace muchos años a todas luces nuestro sistema carcelario está en una crisis total, puesto que en lugar de ser un centro de readaptación social, es una escuela del crimen, donde se dan delitos de toda índole en contubernio con las autoridades penitenciarias, como tráfico de drogas, extorsión a familiares, violaciones, extorsiones vía telefónica, omisiones por parte de las autoridades, prostitución entre otros.
La impunidad es dantesca y visible, ya que las autoridades son el principal motor de las conductas antisociales y delincuenciales y por vía de consecuencia se crean células criminales y bandas de internos, donde operan de manera descarada y generando un autogobierno, estos líderes dentro del penal, llegan a obtener gran poder constituyéndose como una mafia incontrolable, en el tema legislativo en relación con la reinserción social se ha trabajado mucho, pero se ha obtenido poco, pues las leyes aplicables a la materia penitenciaria queda como letra muerta, se dice “publíquese, pero no se cumpla”, la simulación jurídica que es una práctica histórica en nuestro país.
Se crea el juez de ejecución de sentencias con el nuevo sistema penal acusatorio pensando que esta figura podría traer mejores resultados a las medidas de seguridad de los internos y hasta la fecha es una figura decorativa, hace poco tiempo el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Saldívar, ordeno la pre liberación de muchos internos que según sus criterios jurídicos y por Derechos Humanos tenían que obtener su libertad, el objetivo fue protagonismo o mandar un mensaje de respeto a los Derechos Humanos, pero creo que fue muy corto su análisis jurídico y de protector a los Derechos Humanos, visto que se preocupó por la liberación de muchos internos, pero no se ocupó por los que siguen adentro compurgando sentencias injustas y viendo en qué circunstancias viven el resto de la población, ahí no llegaron los Derechos Humanos y por ende hizo caso omiso a las actividades criminales que se dan dentro de las cárceles apoyadas por las mismas autoridades en contra de los mismos reos y del resto de los ciudadanos.
Se han manejado varias hipótesis para corregir el sistema penitenciario como el de privatizar los reclusorios o construir más centros de reinserción social para evitar sobre población y por vía de consecuencia un autogobierno.
El gobierno tiene mucha tarea que realizar para empezar a construir una verdadera reinserción social, tiene mucho camino que recorrer desde la materia legislativa, administrativa, penal, laboral, social, psicológica, en materia urbana ya que los reclusorios están sobre poblados, para citar un ejemplo en los reclusorios varoniles de la Ciudad de México tenemos tres centros de readaptación social, donde su población es de aproximadamente de 13 mil internos, es el inframundo donde en celdas de tres por tres viven cincuenta personas y a causa de ello, su situación humana es deprimente los alimentos son de muy baja calidad antihigiénicos con carencia de supervisión sanitaria, se da la extorsión entre ellos o en su caso por el personal de seguridad y custodia que extorsiona a la familia generando amenazas de algún atentado o percance ya sea físico o psicológico que pueda sufrir su interno, la familia tiene que pagar una cuota a los propios internos, o a las autoridades que son las que deberían de garantizar la seguridad sin cobrar extra por su trabajo, todas estas anomalías son del conocimiento de las autoridades penitenciarias, puesto que gran parte del dinero que se genera por los delitos antes mencionados llega a las manos de las autoridades penitenciarias que son cantidades millonarias esto genera un gran negocio para las cárceles y para las autoridades, dinero extra de manera recurrente y casi seguro, podríamos decir que los centros de readaptación social no se combaten los delitos que se generan en su interior, porque las autoridades perderían sus ganancias económicas.
Desgraciadamente la impunidad, la carencia de Derechos Humanos y las omisiones de las autoridades, es la fuente del gran poderío económico que obtienen gracias a todas las conductas antisociales que se dan dentro de los penales y podríamos decir que las leyes aplicables en el tema como; las leyes penales, procesales y de ejecución de sentencias, son acéfalas, la realidad es totalmente diferente.
Podemos concluir que las personas que están compurgando sentencias son sectores vulnerables como lo son; niños de la calle, personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad entre otros, y por vía de consecuencia se necesita una limpieza y reestructura de las autoridades penitenciarias para que se apliquen los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y se respete la dignidad humana del interno; y por ende evitar los delitos que se dan dentro de los centros de readaptación social.
Mtro. Benjamín Canela Manzo
Catedrático de la Facultad de derecho por la UNAM con 19 años de antigüedad académica, especialista en juicio de amparo, imparte cátedras de derecho penal militar y derecho administrativo. Y ha impartido clases en el Consejo de la Judicatura Federal en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de la CDMX.
