Por: Arturo Ángel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definirá hoy los plazos para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) pase de forma definitiva a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto luego de que el martes los ministros declararon que era inconstitucional que dicho control lo ostentara el Ejército.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que ya fue aprobado en sus apartados centrales, establece que debe anularse de forma inmediata la reforma del año pasado que, en términos llanos, trasladó a la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sin embargo, la ministra Margarita Ríos Farjat advirtió durante la sesión que con la referida reforma el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría oficialista del Congreso pretendieron legalizar o formalizar algo que ya ocurría en la práctica: el dominio de los militares no solo sobre la conformación de la GN, sino también sobre su operación y gestión. Por ello, dijo la ministra, la ejecución inmediata del trasado a una secretaría civil es complicada.
Lo que sostuvo Farjat ha sido documentado durante los últimos tres años por diversos trabajos periodísticos. El autor de estas líneas pudo verificar desde los primeros meses de operación de la Guardia Nacional en 2019, que los militares han controlado prácticamente cada aspecto relevante de lo que, según la Constitución, debería ser una policía civil.
Por ejemplo, en vez de trabajar en la selección y preparación de elementos civiles para conformar a la GN, lo que la Sedena ha hecho es reclutar a personas que enlista como efectivos del Ejército o Policía Militar y luego los asigna a la Guardia Nacional. Esto sin que dejen de ser “sus efectivos”. Tan es así que el grueso de su salario es cubierto por la Sedena en las nóminas de Banjército.
La Sedena, con la complacencia del gobierno y el silencio del Congreso, ha ejecutado una estrategia para sistemáticamente ir depurando de la GN a los expolicías federales civiles que fueron trasladados a ella al inicio del sexenio.
A lo anterior se suma el hecho de que todas sus instalaciones, terrenos y cuarteles pertenecen a la Defensa Nacional. Todos los mandos superiores de la misma son capitanes, mayores o generales del Ejército Mexicano y en algunos casos de la Armada de México.
Luego de la aprobación de la reforma con la que se pretendió legalizar todo lo anterior, los logotipos de la Secretaría de Seguridad fueron eliminados de los oficios de la GN, y en su lugar se colocaron los de la Defensa Nacional.
Las opciones de civilización
En la sesión del día de hoy, y por instrucción de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, el ministro Carrancá presentará en el pleno una alternativa para que se pueda materializar la cesión del control operativo y administrativo de la Guardia desde la Secretaría de Seguridad.
Ministros como Ríos Farjat o Mario Pardo Rebolledo propusieron que se defina un plazo razonable para que, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la Unión, puedan hacer las adecuaciones normativas y operativas necesarias que hagan posible el control civil de la GN sin generar complicaciones en su funcionamiento.
La ministra Yasmín Esquivel, que fue parte del grupo minoritario que pretendió que la GN se mantuviera en la Sedena, propuso que no sea sino hasta finales del 2024 cuanto este traslado de controles y funciones se materialice. Lo propuesto por Esquivel empataría con un nuevo intento de reforma constitucional que el presidente López Obrador anunció que presentará en septiembre del referido año.
Es en ese contexto donde los ministros deberán acordar hoy un plazo y una ruta para que la Guardia Nacional opere en los hechos, y no solo en el papel, como una corporación de seguridad gestionada por autoridades civiles.
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