*Hay más de 46 mil agentes federales desplegados que no cumplen con requisito legal que acredita que están bien preparados
Por: Arturo Ángel
El rezago en la evaluación de control de confianza de los agentes adscritos a las distintas fuerzas federales de seguridad va en ascenso.
De acuerdo con el nuevo reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), apenas el 64 por ciento de los 128 mil 381 elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración y del organismo responsable de los penales federales cuentan con su certificado de evaluación aprobado y vigente.
Lo anterior significa que, en promedio, no hay certeza legal de que 4 de cada 10 agentes federales desplegados en el país cuenten con el perfil, habilidades y capacidades necesarias para estar participando en tareas de seguridad o investigando delitos.
Se trata de una artera violación a la Constitución, a la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a distintos ordenamientos que establecen como obligatorio que cualquier servidor público de las fuerzas de seguridad cuente con un certificado vigente que respalde que ha superado satisfactoriamente las evaluaciones físicas, psicológicas, de conocimientos, entorno social y polígrafo.
De respetarse la ley, ninguno de los 46 mil 217 elementos que no tiene las evaluaciones en regla debería estar activamente trabajando.
El rezago en esta certificación en fuerzas federales ha crecido, luego de que hasta finales de 2018 se contaba con más del 80 por ciento de los efectivos desplegados con un certificado aprobado y vigente. Hoy, incluso, las policías estatales y municipales acumulan un porcentaje global de elementos aprobados superior al de las fuerzas federales, al llegar a un 79 por ciento.
De acuerdo con el reporte, de las fuerzas federales evaluadas el mayor rezago porcentual está en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social que tiene bajo su cargo a los custodios de penales federales. De los 6 mil 519 custodios apenas el 33 por ciento de ellos cuenta con el control aprobado y vigente; en promedio es apenas 1 de cada 3 uniformados.
La Guardia Nacional es un caso especialmente grave ya que es la fuerza de seguridad más grande del país. Sin embargo, de sus 102 mil 944 efectivos, apenas el 62 por ciento cuenta con sus evaluaciones aprobadas y vigentes. Dicho de otra forma: 4 de cada 10 guardias están en las calles sin cumplir con el requisito legal que se necesita para ser policías.
A diferencia de cualquier otra policía del país, los elementos de la Guardia Nacional son, en realidad, militares reclutados y adiestrados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que son transferidos a dicha corporación sin que hayan pasado por los procesos convencionales de adiestramiento policial, ni hayan cumplido con los requisitos que normalmente se piden para ingresar a una fuerza de este tipo.
INM y FGR con retrasos
Aunque menos grave, la situación tampoco es satisfactoria en la Fiscalía General de la República. De sus 14 mil 106 policías investigadores y agentes del Ministerio Público solo el 81 por ciento está actualmente con el certificado de control de confianza aprobado y vigente.
El dato contrasta, por ejemplo, con la situación de fiscalías estatales como las de Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Chihuahua o Campeche donde más del 90 por ciento de sus elementos están en regla con los procesos de certificación.
Y por lo que respecta al Instituto Nacional de Migración (INM), aunque su estado de fuerza es de apenas 4 mil 812 efectivos solo hay certeza legal de que el 83 por ciento cuenta actualmente con las habilidades y característica necesarias para desempeñar dicha función.
Diversos especialistas han cuestionado que el proceso de control de confianza sea una opción adecuada para evaluar y certificar a los agentes de seguridad, particularmente por pruebas como el polígrafo (detector de mentiras) cuyos resultados suelen carecer del fundamento necesario.
No obstante, aunque en distintos momentos se han planteado soluciones alternas, la ley sigue contemplando este mecanismo como el obligatorio para acreditar que un elemento de seguridad cuenta con el perfil necesario para dicha labor,
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