El Reto del Sistema Procesal en México a 15 años de distancia
La Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, estableció las bases para llevar a cabo una reforma a la justicia penal mexicana, con el objetivo de dar certeza jurídica a las garantías individuales de los sujetos que intervienen, prevaleciendo la presunción de inocencia y la tramitación de un debido proceso penal.
Dicha Reforma es la más trascendente e importante en la historia de nuestro derecho procesal penal, este sistema es parte de los cambios que se han dado en las últimas décadas en las legislaciones latinoamericanas en materia de proceso penal.
La aplicación del Sistema Acusatorio no sólo se planteó como objetivo brindar certeza jurídica en el marco de la legalidad, sino implementar medidas eficaces para combatir a la delincuencia organizada acordes con las leyes mexicanas y los tratados internacionales quien son los encargados de vigilar y dar cumplimiento y satisfacción a los ordenamientos jurídicos vigentes.
Este nuevo esquema planteó modificaciones radicales en las prácticas, ritualidades, lógicas y destrezas de los operadores, e implicó una adaptación de la cultura jurídica y de los comportamientos de los actores, en especial de jueces, abogados, fiscales y auxiliares de la administración de justicia a los nuevos tiempos.
La justicia constituye un aspecto esencial permanente de los derechos e intereses jurídicos de los gobernados de todas las sociedades y democracias, no obstante, adquiere mayor relevancia por el hecho de que la actividad económica y comercial moderna ha generado desigualdades sociales por la globalización que sistemáticamente se ven reflejadas en el incremento de los índices de inseguridad pública, entre otros aspectos.
El derecho está ligado a la pretensión de civilizar y someter a reglas institucionales los conflictos políticos y sociales. La ley como base para garantizar el Estado de derecho y la equidad tienen relación directa en el área penal, y por ende en el sistema de impartición de justicia.
Todos estos resultados se deben medir con periodicidad y en etapas progresivas sin perder de vista que el éxito del sistema tendrá como consecuencia una percepción ciudadana más favorable incluso ante una acción punitiva, después de haber tenido la oportunidad de manifestar su punto de vista del conflicto, en el que se le trató con respeto, dignidad y equidad en circunstancias similares durante el desarrollo del proceso penal.
Estos retos, son posibles con voluntad política de los tomadores de decisiones y políticas públicas integrales que consideren la coordinación interinstitucional y la inversión estratégica del presupuesto, ejes clave para responder a las demandas de justicia de la sociedad mexicana.
Uno de los retos más importantes en materia de derecho en México es la garantía de los derechos humanos. A pesar de que México ha ratificado numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la práctica aún existen muchas violaciones a estos derechos.
La violencia contra las mujeres, los grupos vulnerables y los defensores de derechos humanos sigue siendo un problema importante en el país.
Además, el acceso a la justicia y la impunidad son problemas que afectan la protección de los derechos humanos en México.
A quince años de distancia, aun tenemos tareas que realizar, México enfrenta muchos retos en esta materia del derecho, desde la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, hasta la perfectibilidad sistema de justicia penal y la protección de la propiedad intelectual.
Estos retos son importantes para el desarrollo del país y deben ser abordados de manera efectiva para garantizar un sistema legal justo y equitativo para todos los ciudadanos.
Lic. Roberto Alvídrez Rodríguez
Director General en De Alvídrez Rodríguez y Asociados Despacho de Abogados
Cd. Chihuahua, Chih., México.
