Esta iniciativa tiene su origen en el asesinato del magistrade Ociel Baena, quien fue encontrado sin vida en su departamento, junto a su pareja en noviembre de 2023.
En meses anteriores a su muerte, Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral del estado de Aguascalientes, denunció un aumento en los discursos de odio hacia su persona, tanto en redes sociales como en el ámbito público. Para algunos activistas, inclusive, estos mensajes podrían haber contribuido a su asesinato.
Este homicidio provocó una indignación generalizada. Por lo que, la diputada Salma Luevano, junto con diversas asociaciones de la diversidad sexual, impulsaron la Ley Ociel Baena, a fin de evitar este tipo de actos.
Según, los Rastros de Violencia, reporte realizado por Letra S, en el 2022 fueron asesinadas 87 personas de la comunidad LGBTQ+ en México, 48 mujeres trans, 22 hombres homosexuales, 11 mujeres lesbianas y 6 más de orientaciones e identidades sin especificar.
Por otra parte, en 2023 fueron reportados varios casos de violencia transfóbica, del total de víctimas, el 65%, (43) corresponden a mujeres trans.
La iniciativa tiene como objetivo tipificar el discurso de odio y crear perspectiva de diversidad sexual en la legislación.
Esta iniciativa busca adicionar el artículo 315 Ter al Código Penal Federal, para identificar, definir y aplicar la pena máxima para crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género como factores agravantes.
La sanción contra este tipo de conducta va de entre 40 a 70 años de prisión, es decir a quien cometa un homicidio motivado por alguna de las características siguientes:
- Identidad de género
- Orientación Sexual
- Características sexuales
- Expresión De Género
- Raza
- Discapacidad
- Religión
- Nacionalidad
- Etnia
Si bien, diversas entidades federativas han buscado legislar en la materia, un avance importante para la lucha por los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ fue en Hidalgo. El congreso de esa entidad aprobó por unanimidad de votos la Ley Ociel Baena, la cual clasifica el homicidio y las lesiones como agravadas cuando se trate de crímenes motivados en prejuicio hacia la víctima.
Esta iniciativa plantea la modificación al artículo 147, fracción V, del Código Penal de Hidalgo, el cual impone una pena más severa para los homicidios y lesiones cuando el agresor actué por aversión o prejuicio a la víctima.
Derivado de lo anterior, Hidalgo se ha posicionado como un estado pionero en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y en la lucha contra la intolerancia.
Debemos seguir pendientes en los avances de esta iniciativa en las entidades federativas y a nivel federal, ya que la misma se puso en pausa, debido a que existe una falta de voluntad política y resistencia para legislar en estos temas.
María Fernanda Barrientos Tamariz. Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Iberoamericana. Maestra en derechos humanos. Abogada en temas relativos a derechos humanos y materia penal.
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