El pasado 28 de junio, México conmemoró el Día del Orgullo LGBTI+. Aunque el país ha logrado avances importantes en derechos humanos, el sistema penal sigue fallando al atender con eficacia y sin prejuicios los delitos cometidos contra personas de la comunidad.
El Orgullo nació como resistencia
Las marchas del Orgullo comenzaron a finales de los años sesenta en Nueva York, cuando personas gays, lesbianas y travestis se enfrentaron a la policía en el bar Stonewall Inn, cansadas de la represión y discriminación. En México, activistas organizaron la primera marcha homosexual en 1979 en la Ciudad de México, según información de Global Revista de la UNAM.
Operadores del sistema penal desestiman las denuncias desde el prejuicio
El abogado penalista Alberto Francisco Garduño advirtió, en entrevista con Notitia Criminis, que las autoridades ministeriales siguen actuando con desconocimiento y prejuicios cuando atienden denuncias de personas LGBTI+.
“Esta justicia penal es la primera que descalifica los hechos que narra la persona, los descalifica desafortunadamente desde los prejuicios”, afirmó.
Garduño explicó que ha identificado casos donde los servidores públicos ni siquiera saben que la discriminación está tipificada como delito, lo que frena las denuncias desde el primer contacto con la autoridad.
Aplicar la ley existente, no crear una nueva
El abogado señaló que no se necesita una ley especializada para proteger a las personas LGBTI+, sino aplicar con rigor las leyes ya vigentes.
“Creo que bastaría con algo elemental: aplicar las leyes que ya existen y verificar, de forma real, el principio de no discriminación establecido en el párrafo quinto del artículo 1.º constitucional, que constituye la base de todo el marco normativo para proteger el derecho a la igualdad y a la no discriminación”, explicó.
Además, pidió que el Estado difunda mejor los mecanismos jurídicos disponibles para esta población. Recordó cómo las parejas homosexuales consiguieron el derecho a pensión a través de una interpretación amplia de una ley ya existente. “Al final fue una interpretación judicial la que benefició la aplicación amplia de un precepto que ya estaba en una ley que ya existía”, agregó.
El estigma impide que las víctimas LGBTI+ ejerzan sus derechos
Garduño señaló que muchas personas LGBTI+ dudan de su derecho a denunciar debido al estigma social. También criticó la falta de sensibilización en los operadores del sistema penal y propuso capacitarlos para erradicar prejuicios institucionales.
Recalcó que por años la discriminación se trató como la vía administrativa, pero no funcionó por eso se transformó en un tipo penal y añadió que existen otros tipos penales, como las lesiones calificadas por odio y el homicidio por odio, que buscan tutelar los derechos de los integrantes de la comunidad.
