Por: Arturo Ángel
Dos semanas después del incendio que le costó la vida a por lo menos 40 personas migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará ante un juez cargos en contra del hasta ayer titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño.
La razón: no haber adoptado las medidas de seguridad mínimas y necesarias en las instalaciones migratorias ante un siniestro que no era la primera vez que se presentaba. Las deficiencias ya habían sido alertadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero Garduño no hizo nada.
De acuerdo con lo informado por la fiscalía, el 31 de marzo de 2020 ocurrió un primer siniestro en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, que también tuvo consecuencias importantes: un migrante perdió la vida y otros 15 resultaron lesionados.
A partir de ese evento la CNDH emitió una recomendación en la que identificó que se había presentado un patrón de negligencias desde años previos que no fueron corregidas, y que se combinaron para generar dicha tragedia. Se pidió entonces adoptar las medidas de seguridad para que esto ya no ocurriera.
Pero Garduño fue omiso. No ordenó cambios ni modificó esquemas y las mismas condiciones prevalecieron. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió durante los últimos cuatro años informes en los que alertó de las deficiencias que prevalecían en los complejos migratorios y la inacción de los responsables del INM para corregirlos.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados” indicó la FGR ayer en un comunicado.
En ese contexto, la fiscalía anunció que comenzará el proceso ante un juez federal para llevar a juicio tanto a Garduño como al Director de Regulación Migratoria, Antonio Andrés Vidal Islas, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de no haber tomado las acciones necesarias para resguardar la vida de personas bajo su responsabilidad así como la integridad de las instalaciones.
De acuerdo con el Código Penal Federal el delito que se le imputará a los implicados va de los 2 a los 7 años de prisión como sanción, aunque debido a que las negligencias en las que incurrieron han ocasionado la muerte de más de 40 personas, las conductas delictivas podrían agravarse.
Si el juez que lleve el caso considera que los datos de prueba que presenten los fiscales son suficientes, y la defensa no logra desvirtuarlos, entonces deberá vincularlos a proceso y ordenar un plazo de investigación complementaria que podría ser hasta de seis meses como máximo.
El delito que se pretende imputar a Garduño y Vidal no es de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, la Fiscalía podría solicitar una prisión preventiva justificada si considera que existe algún riesgo serio de fuga. También podría optar por otras medidas menos restrictivas como brazaletes electrónicos o un arraigo domiciliario.
De acuerdo con autoridades consultadas por este medio Garduño se encontraba localizable al menos hasta el día de ayer. Se prevé que por orden presidencial tanto él como el resto de los implicados sean removidos del cargo y enfrenten el proceso penal que se les ha iniciado.
Cabe señalar que la Fiscalía también indicó que se presentarán cargos en contra de otros cuatro funcionarios del INM por el incendio en la estación migratoria de Juárez. Se trata de Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, aunque en su caso no se precisó el delito por el cual buscará que sean procesados.
Previamente, el Ministerio Público ya había imputado a otros tres exfuncionarios, un empleado de seguridad privada y un migrante venezolano por su responsabilidad directa en los hechos que derivaron en el incendio. Todos ellos se encuentran ya bajo proceso penal y prisión preventiva.
Confirma FGR contratos ilegales
En el comunicado emitido el día de ayer la Fiscalía confirmó, por otra parte, que continúa la investigación relacionada con los contratos que el Instituto Nacional de Migración otorgó a empresas de seguridad privada para resguardar sus instalaciones.
“Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados”, indicó la fiscalía.
Notitia Criminis publicó el pasado 31 de marzo que en lo que va del actual sexenio el INM, bajo la gestión de Garduño, otorgó más de 500 millones de pesos en contratos por seguridad privada para sus 25 estaciones migratorias a las compañías Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA) y Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V. Esto pese a existir elementos de fuerzas federales capacitados para ese tipo de funciones.
Dichos contratos se hicieron sin convocar a licitaciones públicas y en opacidad, sin que mucha de su información haya sido transparentada de forma adecuada. Y sin que tampoco se diera un seguimiento adecuado a la ejecución de estos.
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