Por: Redacción
Privilegiar la investigación especializada y en equipo para el esclarecimiento de los delitos, establecer prisiones preventivas solo en aquellos casos donde realmente se justifique, y apostar por una autonomía técnica real alejada de los intereses políticos o del gobierno en turno.
Esas son las propuestas del abogado penalista, académico y exfiscal Ernesto López Saure, quien se ha inscrito en el procedimiento para la selección y designación de la persona que encabezará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca. En total son 22 los candidatos a dicho cargo inscritos al procedimiento y que comparecerán esta semana ante diputados locales.
En entrevista con el portal Notitia Criminis, López Saure reconoció que la Fiscalía de Oaxaca, si bien fue una de las primeras del país en transitar del viejo modelo de procuradurías estatales dependientes del Ejecutivo a organismos autónomos, sigue con grandes pendientes en dicha materia.
“Me parece que en los hechos no ha existido autonomía, el ejecutivo, por lo menos en la administración anterior se volvió el gran elector de los fiscales, el congreso solo ratificaba sus propuestas, sin que se haya dado una discusión sobre los proyectos o programas de trabajo y metodología de investigación que cada aspirante proponía”, indicó el penalista.
La dependencia al Ejecutivo también se refleja a través del presupuesto. Los fondos y recursos de los que debe disponer la fiscalía siguen siendo administrados por la Secretaría de Finanzas y la de Administración, dejando un escaso margen de operación financiera para el cumplimiento de su función.
A lo anterior se suma la escasez de recursos, un problema que afecta a todas las fiscalías del país, pero donde la de Oaxaca es destaca por la precariedad. De acuerdo con el académico la mayor parte del presupuesto que se destina a la institución apenas alcanza para el gasto corriente.
“En consecuencia, los recursos para llevar una serie de acciones como capacitación, contratación de personal, innovación científica y tecnológica, creación de nuevas áreas para combatir nuevas formas de delincuencia, entre otros, son mínimos e insuficientes, convirtiendo a la fiscalía en un instrumento disfuncional”, señala López Saure.
Se trata de factores que, en parte, explican los altos niveles de desconfianza e impunidad. De acuerdo con datos oficiales, cerca del 90 por ciento de los delitos no se denuncian, mientras que 9 de cada 10 homicidios y feminicidios no se esclarecen completamente.
¿Cómo revertir la situación?
De acuerdo con López Saure, quien en el pasado se ha desempeñado tanto como subprocurador de Oaxaca, así como fiscal de homicidios en Ciudad de México, la alternativa para el esclarecimiento de los delitos no pasa por agravarlos en el papel o establecer más y más prisiones preventivas oficiosas (automáticas). De hecho, el especialista dijo estar abiertamente en contra de dicha figura pues considera que las prisiones preventivas deben ser solo excepcionales y justificadas.
En cambio, propone transformar la estructura de la fiscalía, reordenar las áreas de investigación del delito, y poner énfasis en aquellas que atiendan los ilícitos de mayor impacto social o que afectan a los sectores más vulnerables de la población.
“Hay que desconcentrar la operación de la Fiscalía, para volverla ágil y dinámica, creando grupos o células, multidisciplinarias, que tengan como objetivo principal la evaluación objetiva de los hechos, ubicadas de acuerdo con el tipo de incidencia y delitos en las distintas regiones del estado. La investigación del delito debe guiarse por el principio de diligencia debida y el trabajo en equipo, con una metodología acorde al delito que se trate, dijo.
Temas como alejar la investigación del delito de los intereses políticos, fortalecer el respeto a los derechos humanos, y la participación de la sociedad civil en la elaboración del diseño de la fiscalía y de la política de persecución penal también son claves para el fortalecimiento de la institución y el combate a la impunidad.
López Saure, quien cuenta con estudios de maestría por el INACIPE, dijo que es igual de importante fortalecer las áreas forenses de la fiscalía de Oaxaca que históricamente han sido de las más rezagadas del país. “Capacitar y especializar a quienes trabajan por el acceso a la justicia, es algo central en la Fiscalía, al igual que el uso de la ciencia y tecnología en la investigación del delito”, agregó.
Sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública reconoció que, si bien no es deseable, el poder de los criminales exige, por ahora, que el Ejército coadyuve en estas tareas. No obstante, subrayó que esto debe estar plenamente fiscalizado y auditado, y de ninguna manera debe abandonarse la construcción de policías preventivas y de investigación que tomen ese relevo.
¿Cómo se elegirá al fiscal?
La semana pasada se cerró el procedimiento de inscripción de los aspirantes a la Fiscalía de Oaxaca. En total fueron 26 las personas inscritas, aunque las que cumplieron plenamente con todos los requisitos fueron solo 22.
Esta semana todas las personas que resultaron elegibles comparecerán ante comisiones del Congreso local. Luego los diputados seleccionarán una lista de diez finalistas que se enviará al gobierno local para acotarla a una terna final. Los tres candidatos que lleguen a esta fase tendrán que comparecer, pero ahora ante el pleno del Congreso para la selección final.
Se prevé sea a más tardar en febrero cuando concluya este procedimiento y Oaxaca cuente con un nuevo fiscal que sustituya a Arturo Peimbert, el cual renunció al cargo en diciembre pasado.
