Por: Arturo Ángel
En un hecho inédito, como las propias autoridades que participaron lo reconocieron, la Fiscalía General de la República (FGR) rescató – o se adueñó – de una tambaleante acusación penal por presunta tortura en contra del aún fiscal General de Morelos, Uriel Carmona, y logró que un juez de ese estado frenara su liberación.
Lo anterior luego de que un tribunal colegiado había resuelto – por tercera vez consecutiva -que Carmona no podía ser retenido pues tiene un fuero constitucional que lo protege, situación que invalidaba las prisiones preventivas que la Fiscalía de la Ciudad de México había pedido en su contra por el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
Sin embargo, el pasado 14 de septiembre y antes de que pudiera abandonar la cárcel de alta seguridad en la que se encuentra, a Carmona se le retuvo con una nueva orden de arresto. Luego, en una accidentada sesión marcada por la improvisaciones, fallos técnicos y situaciones inéditas como la presencia de marinos fuertemente armados, los fiscales federales, en relevo de fiscales locales, acusaron a Carmona de – presuntamente – haber ordenado la tortura a una persona detenida meses antes.
A continuación, se detallan los puntos claves de la referida audiencia a partir de los registros a los que se tuvo acceso en exclusiva. La situación legal de Carmona y su eventual nueva vinculación a proceso se resolverá el 19 de septiembre cuando se reanude la audiencia.
El expediente “perdido” y “el relevo”
El nuevo caso contra Uriel Carmona quedó radicado bajo el expediente JC-1273-2023 en un juzgado de control de Atlacholoaya, Morelos. El 14 de septiembre se llevó a cabo la primera parte de la audiencia inicial luego de que agentes estatales notificaron al fiscal del libramiento de la orden de aprehensión en su contra por el delito de tortura.
La sesión, que se extendió por casi ocho horas, estuvo marcada desde el inicio por situaciones que el propio juez Natanael Subdias Aguilar y la defensa consideraron “extrañas” e “inéditas”. Esto ya que los representantes de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, María Esperanza Valdivia Torres e Isaías Rodríguez Moreno, se presentaron pero para desistirse del caso.
Los dos fiscales morelenses intentaron explicar que “no se había integrado correctamente” la indagatoria en contra de Carmona y que el agente del Ministerio Público responsable de la misma, Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, no se había presentado a trabajar. Incluso dijeron que la carpeta de investigación estaba perdida, que no la encontraban o no había, por lo que lo procedente era no seguir adelante con el eventual proceso.
Esta postura fue criticada de inmediato por el representante legal de la víctima quien dijo que le parecía extraño este comportamiento y advirtió un posible intento de última hora de proteger a Carmona por parte de sus subordinados. Una postura similar adoptó el juez quien advirtió un posible “conflicto de interés”.
Ello abrió la puerta para que un equipo de representantes de la Fiscalía Especializada en investigación de Delitos de Tortura de la FGR, encabezada por el fiscal Juan Carlos Chávez Jiménez, pidieran que se les permitiera de inmediato atraer el caso para presentar ello los cargos. La petición fue secundada por el abogado de la víctima quien dijo que su cliente no podía quedar en estado de indefensión.
En distintos momentos el equipo de defensa encabezado por el abogado Gabriel Regino, advirtió que esta era una situación totalmente anómala, pues en todo caso la facultad de atracción debió ocurrir desde la fase de investigación previa, pero no podía presentarse prácticamente como un relevo para presentar una imputación en plena audiencia. Además advirtieron que parecía una situación preparada pues los fiscales federales ya se encontraban entre el público y fue justo su llegada lo que retrasó el inicio de la sesión.
El debate se tornó ríspido cuando la fiscal estatal Valdivia Torres intentó tomar la palabra. Sin embargo, el juez ya no se lo permitió bajo el argumento de que ella se había desistido de proceder penalmente. Incluso le prohibió seguir participando y la invitó a retirarse de la audiencia.
Tras varios intercambios más el juez Natanael Subdias coincidió con la defensa en el hecho de que estaban frente a una situación francamente “increíble”, lo cual se volvía aún más grave dado que el delito de tortura, por el cual se había solicitado la audiencia, es considerado extremadamente grave.
No obstante, decidió autorizar en ese momento el relevo de parte de los fiscales federales, y justificó dicha determinación en el aparente “bloqueo” que los fiscales estatales quisieron hacer del caso. Recordó, además, que la FGR ya contaba con un desglose de esta indagatoria luego de que meses atrás otra jueza del estado les había pedido intervenir. Y reiteró que la gravedad del delito, sumado al hecho de que Carmona ya estaba en calidad de detenido, obligaba a ya no postergar más la resolución de la audiencia.
Los cargos: tortura y prisión preventiva
Luego de la polémica en torno al desistimiento de los fiscales estatales, el equipo de fiscales de la FGR presentó el caso en contra de Carmona.
En síntesis, los fiscales acusaron al aun fiscal de Morelos de haber ordenado, entre el 16 y 20 de abril pasado, la detención presuntamente ilegal y tortura en contra de una persona identificada como Luis Alberto Ibarra Ramírez, a cambio de que este confesara su responsabilidad en diversos homicidios.
De acuerdo con la narración hecha por la FGR, la víctima fue perseguida y retenida por una persona llamada Erick alias “El Criminal”, quien le disparó lesionándolo levemente en la cabeza. Dicho sujeto supuestamente le enseñó mensajes en su teléfono para demostrarle que todo había sido ordenado por Carmona.
El 19 de abril Ibarra Ramírez fue dado de alta de un hospital en Cuernavaca. No obstante, según narran los fiscales a partir de la denuncia de esta persona, inmediatamente fue detenido por agentes ministeriales identificados como José Antonio Díaz Flores, Luis Fernando Martínez Rodríguez y Guadalupe Mosso Lujan, quienes por espacio de 15 minutos lo golpearon a bordo de una camioneta y lo trasladaron a una casa.
En dicho domicilio y durante casi una hora la víctima narra que fue torturado con golpes, toques eléctricos en diversas partes del cuerpo, prácticas de asfixia con agua y con una bolsa de plástico. En ese lapso le habrían dicho en varias ocasiones que tenían órdenes de Carmona de asesinarlo.
Por estos hechos, los representantes de la FGR imputaron a Carmona del delito de tortura previsto en el artículo 24 fracción I de la Ley General para Prevenir y Sancionar el delito de Tortura, ilícito que acarrea una pena de hasta 20 años de prisión.
Al tomar la palabra para responder a estos señalamientos, Uriel Carmona dijo que “negaba categóricamente” ser responsable de ese delito. Agregó que “jamás” había tenido contacto con una persona llamada Erick e insistió en que “jamás” ha dado instrucciones para causarle daño a alguien.
Para preparar sus argumentos y tratar de frenar la vinculación a proceso, la defensa solicitó el plazo constitucional de seis días, por lo que será este martes cuando se reanude la audiencia. Y pese a la oposición de los defensores que insistieron en que aún tiene fuero, el juez determinó que Carmona permanezca en prisión preventiva justificada.
Marinos armados y problemas de audio
Además de los hechos narrados anteriormente, la audiencia del pasado 14 de septiembre estuvo marcada por múltiples incidencias paralelas. Por un lado, la sesión se extendió durante ocho horas debido a constantes interrupciones por la falta de información con la que contaban las partes, y problemas técnicos en torno a la misma. De hecho, la sesión empezó casi con una hora de retraso debido a que el juez estaba a la espera de que llegaran los fiscales federales.
Aun con la audiencia iniciada los problemas técnicos continuaron, sobre todo porque Carmona fue enlazado a través de un sistema de videoconferencia desde el penal del Altiplano que funcionó de forma deficiente, con retrasos en la señal y con severos problemas de audio. Las quejas en torno a que no se escuchaba bien fueron constantes.
Pero uno de los incidentes que despertó mayores comentarios fue el ingreso a la sala de audiencias de, por lo menos, tres elementos de la Marina Armada de México. Dichos marinos estuvieron más de una hora en cada uno de los extremos de la sala, justo en la parte en que se discutía si se autorizaba o no el relevo de los fiscales de la FGR del caso.
El defensor Gabriel Regino cuestionó este hecho y pidió al juez que se informara si existía alguna “situación de riesgo”, a lo que este respondió que desconocía el motivo de la presencia de dichos elementos pues él no era el administrador del complejo, pero consideró que esto no alteraba la presencia del desarrollo de la audiencia. Los marinos armados se retiraron luego de que el juez autorizó que la FGR reasumiera el caso y que decretara uno de los recesos.
***
