Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) apeló formalmente la decisión de un juez de control del Reclusorio Norte de eliminar más de 20 pruebas que pretendía presentar en el juicio en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht.
El recurso presentado ayer por los fiscales ante el Poder Judicial dentro del plazo legal de tres días hábiles con el que contaban frena de momento la programación y apertura del juicio oral en contra del exfuncionario federal, quien ya lleva más de dos años y medio procesado por este caso.
La eliminación de pruebas controvertida por la FGR y que será revisada ahora por un magistrado federal tuvo lugar durante la audiencia intermedia que se llevó a cabo los días 10 y 13 de febrero.
En dicha audiencia el juez Gerardo Alarcón López le dió la razón a los abogados defensores de Lozoya quienes acusaron que los fiscales pretendían presentar evidencia que no había sido reunida con los permisos judiciales correspondientes.
Fueron en total 21 las pruebas del paquete de 67 evidencias que fueron eliminadas en su totalidad por Alarcón López. Entre ellas destaca la información bancaria que Brasil y Suiza enviaron sobre los estados financieros y transacciones de las empresas y prestanombres implicados en la trama de los sobornos. Ello con el argumento de que los fiscales no presentaron elementos para acreditar que dichos datos bancarios se recabaron con autorización de los jueces que correspondan en cada caso.
La eliminación de esos datos, explicaron fuentes con conocimiento del caso, le complica de forma significativa a los fiscales probar en el juicio como es que el dinero de Odebrecht llegó al círculo de Lozoya y como se habría operado para lavarlo y ocultar su origen.
Otra de las pruebas que se anularon fueron los documentos en los cuales la compañía brasileña acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el declararse culpable por haber pagado sobornos en múltiples países latinoamericanos, entre ellos México. Esto ya que dicho documento se encuentra en un intercambio de correos entre funcionarios estadounidenses que no hay constancia que se hayan obtenido con autorización judicial.
Además de las pruebas eliminadas el juez Alarcón acotó otros 12 elementos, principalmente testimonios, que la FGR pretende presentar también en el juicio. Se trata de testigos que sí podrán comparrcer, pero no se podrán abordar ciertos temas que eran de interés de los fiscales.
La situación se tornó más complicada para la FGR ya que, por otro lado, el juez desestimó todas las peticiones que hicieron de anular varios de los datos y pruebas que la defensa pretende mostrar, por lo que ellos llegarían con su paquete completo de evidencias.
En ese contexto al FGR busca que un tribunal federal revoque la decisión del juez de control y, en su caso, ordene que dichos elementos sean admitidos o que, por lo menos, se realice un nuevo análisis en torno a los mismos.
Y Lozoya busca amparos
Quien también busca evitar un juicio pero por otra vía es el propio Emilio Lozoya, quien esta semana presentó una demanda de amparo en la que alega diversas violaciones durante el proceso penal abierto en su contra, entre ellos su desacuerdo en que Pemex y la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) sean calificados como víctimas en el caso.
A Lozoya le interesa sacar a dichas instancias del proceso, ya que ambas se han opuesto a aceptar el pago de más de 200 millones de pesos que pretende realizar como parte de un criterio de oportunidad que busca para que el caso sea cerrado.
La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, pero este advirtió que ya hay otra demanda de amparo promovida por el propio Lozoya en el juzgado Primero de Distrito de la misma materia, por lo que es posible que el procedimiento se turne a este último.
En cualquier caso, los distintos argumentos promovidos por la defensa de Lozoya van encaminados a obtener suspensiones provisionales y definitivas que frenen la programación del juicio en su contra no solo por los sobornos de Odebrecht sino también por la acusación similar que existe en su contra en el denominado caso Agronitrogenados.
Con ello sus abogados buscan obtener más tiempo para tratar de cerrar la negociación con el gobierno y que, finalmente, este acepte los pagos que el exfuncionario pretende hacer para librar los procesos en su contra.
Miguel Ontiveros Alonso, uno de los defensores de Lozoya, ha insistido en que el exfuncionario merece un criterio de oportunidad por las denuncias que ha presentado sobre quienes habrían sido los beneficiarios finales de los pagos de Odebrecht y la utilización de ese dinero para pagar sobornos a cambio de la aprobación de reformas en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
***
