*Los documentos evidencian contradicciones oficiales del propio gobierno que, al final, frustraron los acuerdos y dejaron a Pemex sin nada. (2da parte)
Por: Arturo Angel
En marzo de 2022, durante una sesión extraordinaria de su Consejo de Administración, los abogados de Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguraron una y otra vez que era “imposible” cobrarle más de 10.7 millones de dólares a Emilio Lozoya por los casos Odebrecht y Agronitrogenados como reclamaban algunos de los consejeros.
Con esa afirmación sumada a la advertencia de que había riesgo de perder los juicios por escasez de pruebas, los abogados lograron que el Consejo aprobara de forma unánime la propuesta.
Pero luego la empresa… se arrepintió. Tras la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador los abogados cancelaron la audiencia en la que se presentaría ante el juez el acuerdo y año y medio después quisieron hacer justo lo que dijeron que no se podía: cobrarle a Lozoya el doble o el triple de los diez millones pactados. Y no pudieron.
Documentos oficiales a los que este periodista tuvo acceso evidencian las contradicciones en que Pemex, bajo la gestión de Octavio Romero Oropeza, ha incurrido durante los últimos 18 meses con Lozoya en el contexto de los procesos abiertos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados y que derivaron en la cancelación de uno de esos procesos y el debilitamiento del otro.
Ayer se detalló en una primera parte de este reportaje como la Directora Jurídica de Pemex, Luz María Zarza Delgado, narró a los conejeros la conveniencia de alcanzar un arreglo para evitar el riesgo de un juicio en el que las únicas pruebas sólidas eran transferencias bancarias.
La propuesta, sin embargo, causó resistencia en consejeros como Laura Itzel Castillo o José Eduardo Beltrán Hernández que consideraron que el monto era mínimo respecto a los daños que había sufrido la empresa por las enormes pérdidas económicas que habían generado contratos como el de la compra de la planta Agronitrogenados o el de diversos servicios en la refinería de Tula, Hidalgo.
A continuación, se termina de narrar lo ocurrido en la sesión del Consejo de Administración de Pemex del 9 de marzo de 2022 a partir del acta de dicha reunión. Un documento que la empresa intentó mantener bajo reserva durante al menos cinco años.
“Es imposible pedir más dinero”
Luego de que el consejero Presidente Miguel Ángel Maciel Torres preguntara a los abogados si era posible cobrarle a Lozoya intereses, recargos o algunos otros conceptos dentro del acuerdo reparatorio por Agronitrogenados o el convenio de reparación por el tema Odebrecht, la respuesta estuvo a cargo del Subdirector Jurídico de los contencioso, Rodrigo Loustaunau Martínez.
El abogado dijo que había una “imposibilidad procesal” de agregar cualquier concepto extra o monto a lo pactado en la propuesta, debido a que las cantidades se desprendían de la acusación final ya presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el juez, y a que era lo que se tenía comprobado mediante transferencias bancarias.
De hecho, Loustaunau Martínez presumió que antes de formalizarse la acusación hicieron una modificación en el monto de reparación del caso Odebrecht, porque a los fiscales les había faltado contabilizar 900 mil dólares de unas transferencias. Pero una vez presentado el escrito, ya no era posible moverlo.
“Que esta cantidad (los 10.7 millones de dólares) disminuya sí es posible porque la defensa durante un eventual litigio las va a tratar de desacreditar, va a presentar una serie de pruebas para disminuir el monto o las puede anular, pero la pregunta de si pueden incrementarse es una cuestión imposible” señaló Loustaunau.
El subdirector cerro su participación agregando: “De tal suerte que los montos ya quedaron asentados dentro del proceso y es la postura de la parte acusadora, la postura de la FGR, ya establecida de forma fehaciente y que no admite modificación”.
Y luego las contradicciones
Tras obtener la aprobación unánime del Consejo de Administración de Pemex y comunicárselo a las otras partes se programó la audiencia ante el juez para la presentación y firma de los acuerdos. La fecha fue el 11 de abril en el Reclusorio Norte. En el papel el procedimiento era un trámite porque, con la voluntad de todas las partes, el juez solo verificaría que se cumplieran los requisitos.
Sin embargo, previo a la celebración de la audiencia el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina sobre si era cierto que se había llegado a un acuerdo con Lozoya por un monto de diez millones de dólares. El presidente dijo que desconocía este tema, pero consideró que esa no podía ser la cantidad porque “los daños” sufridos eran más altos.
“Entonces, sí nos importa la reparación del daño, nada más que sea justa. En el caso, por ejemplo, de la reparación del daño para lo de la planta de fertilizante, el señor Ancira, es porque hubo una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación y a partir de ahí se determinó que sean pagados de más 200 millones de dólares. Entonces, en el caso del señor Lozoya tiene que ser el mismo procedimiento, tiene que ser una autoridad competente la que haga el avalúo sobre el daño”, dijo el presidente.
Tras esa declaración los abogados de Pemex recibieron la instrucción de última hora de suspender la firma del posible acuerdo. El hecho incluso molestó al juez quien cuestionó que se le hubiera indicado que había un arreglo sin que – en apariencia – hubiera tal.
El proceso penal entró de nuevo en un impasse y en supuestas negociaciones, hasta que en nuevas audiencias celebradas ya en el verano de 2023 los abogados de Pemex le pidieron a Lozoya que pagara primero 30 y luego 20 millones de dólares como reparaciones del daño. Justo lo que un año antes dijeron a sus consejeros que era “imposible”.
Y, como ya se sabe, Lozoya se negó y calificó de ilegales los pagos que se le exigían los cuales consideró como una “extorsión”. Sus abogados. Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda advirtieron que los cobros eran improcedentes y contradictorios con lo que el propio Consejo de Administración había aprobado en su sesión de marzo de 2022.
Estas contradicciones tuvieron un costo alto para Pemex debido a que, rotas las negociaciones, el juez terminó suspendiendo el proceso en contra de Lozoya por el caso Agronitrogenados, mientras que en el tema Odebrecht un tribunal federal anuló las pruebas bancarias de cara al juicio que se aproxima.
“Hay otros casos”
En la sesión del 9 de marzo de 2022 los abogados de Pemex confirmaron a los consejeros que existan otras denuncias e investigaciones paralelas tanto por las pérdidas generadas por los contratos de Tula, Hidalgo, así como por otros contratos que también generaron daños económicos como el del complejo de fertilizantes Fertinal.
La Directora Jurídica, Laura Itzel Castillo, dijo en aquella sesión que estas indagatorias estaban en marcha y que en ellas existía la posibilidad de reclamar las pérdidas económicas sufridas por la empresa. Pero insistió en que eran casos distintos al proceso ya en curso en contra de Lozoya.
“El acuerdo reparatorio no cierra esas otras capetas de investigación que siguen en curso y siguen las investigaciones respecto a todos los involucrados que se han señalado, incluso servidores públicos de Pemex y, en efeto, Fertinal también está en integración” dijo la abogada.
Sin embargo, trascurridos ya 18 meses de la referida sesión del Consejo de Administración, ni la FGR ni Pemex han dado a conocer algún resultado de esas indagatorias. Incluso se desconoce si siguen vigentes y en integración.
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