*PEMEX, Hacienda y Ancira convencieron a un juez de extender los plazos para privilegiar la reparación del daño. Solo la FGR estaba en contra.
Por: Arturo Angel
Pese a la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con un juez darle un año más de plazo o el tiempo que sea necesario a Alonso Ancira para que cubra el pago de más de cien millones de dólares que debe por el caso de la venta con sobreprecio de la planta Agronitrogenados.
Aunque Ancira incumplió con el acuerdo original que contemplaba que este pago debió finiquitarse el 30 de noviembre pasado, lo que según la FGR era suficiente para reactivar el proceso penal en su contra, Pemex y la Secretaría de Hacienda expresaron ante un juez federal su deseo de privilegiar la reparación del daño y que con ello se permita a Ancira y a la empresa Altos Hornos de México cubrir los saldos pendientes.
Esta posición del gobierno beneficia también al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, cuya absolución por este caso está ligada a que Ancira acabe de cubrir el adeudo con Pemex.
Lo anterior se resolvió ayer durante una audiencia de más de cuatro horas que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la cual fue convocada por el juez Gerardo Alarcón para definir como proceder tras el incumplimiento del acuerdo reparatorio firmado en 2021.
De acuerdo con los registros judiciales a los que este periodista tuvo acceso el pasado 1 de diciembre el apoderado legal de Pemex, Julio Bello Domínguez, notificó al juez que Alonso Ancira había fallado en cubrir el tercer pago establecido en el acuerdo por un total de 114 millones de dólares, luego de que los dos anteriores por un monto total de cien millones se habían efectuado correctamente. Por esa razón, agregó el Bello, Pemex procedería con el aseguramiento de algunos bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) que quedaron como garantía.
En respuesta a ello la FGR a través de la Fiscalía de Control Competencial envió al juez un oficio fechado el 5 de diciembre, en el que dijo que con independencia de la posición de Pemex solicitaba al reactivación del procedimiento penal suspendido en contra de Alonso Ancira.
Lo anterior generó alerta no solo en la defensa de Ancira sino en el propio gobierno que envió diversas promociones. Por un lado, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda determinó que ellos preferían reservarse el derecho de solicitar la reapertura del caso, en favor de una salida negociada.
Mientras que Pemex respondió con un nuevo oficio del 20 de diciembre señalando que “no consideraba pertinente el reinicio del proceso penal” solicitado por la FGR, no solo porque había la posibilidad de ejecutar el cobro con bienes de AHMSA, sino porque además el Consejo de Administración de Pemex ya había autorizado una prórroga de un año para el cumplimiento del acuerdo.
La audiencia y el acuerdo
Para dirimir el futuro del caso ayer se realizó una audiencia presencial en la que el juez Alarcón convocó no solo a los representantes del gobierno y de la defensa de Ancira, sino también de Emilio Lozoya y sus abogados. Ello tras considerar que lo que se resolviera incidiría directamente en el proceso suspendido contra el exdirector de Pemex.
El único que compareció vía videoconferencia fue el propio Ancira, debido a que se encuentra en los Estados Unidos y enfrenta problemas de salud.
En la audiencia los fiscales reiteraron su posición de que el proceso penal se reactive luego de que el empresario falló en el cumplimiento de los pagos pactados. Sin embargo, los representantes de Pemex indicaron que ya tenían un acuerdo con Ancira y AHMSA para extender el plazo un año más. Un periodo que comenzó a correr desde la fecha original de vencimiento del tercer pago, y que vencería el 30 de noviembre de este 2024
Los apoderados de Petróleos Mexicanos enfatizaron que debía priorizarse la justica “restaurativa” en vez de “retributiva”, y que era el derecho de la víctima (en este caso de Pemex) elegir el camino de la negociación para no poner en riesgo la reparación del daño. Además, recordaron que los bienes dejados en garantía respaldaban cualquier incumplimiento.
Por su parte la defensa de Ancira explicó que el proceso de quiebra que atraviesa AHMSA había complicado la realización del último pago y el flujo de efectivo, pero insistieron en que este año llegarán nuevas inversiones extranjeras que permitirán el rescate de la empresa y cubrir el adeudo con Pemex a más tardar en noviembre próximo.
La FGR respondió que ese plazo violentaba lo establecido en la ley de acuerdos reparatorios que señala que los acuerdos no pueden exceder de tres años, periodo que fenece en abril próximo.
Con esos elementos en la mesa el juez resolvió que la prioridad en este caso era salvaguardar los intereses de la víctima, en este caso Pemex, y dio luz verde a su petición de prorrogar hasta noviembre el periodo de pago. Alarcón explicó que si bien la ley sí habla del periodo de tres años como los fiscales sostuvieron, también establece que la víctima puede prorrogar esto hasta dos años más si es su deseo.
Lo anterior significa que el proceso penal de Ancira, y por extensión el de Lozoya permanecerá suspendido hasta en tanto Pemex y la defensa firman las cláusulas de un nuevo acuerdo y corra el plazo para que este se cumpla.
De acuerdo con todas las partes involucradas (salvo FGR) la decisión del juez es positiva porque ello permitirá que AHMSA pueda esperar a un nuevo flujo de efectivo que no solo garantice cubrir el adeudo, sino también garantizar el rescate de esta empresa acerera de la que dependen cientos de fuentes de empleo.
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