Liliana Baltazar Samayoa Pimentel
En el artículo pasado explicábamos el porqué de las creaciones de los útiles programas sociales por parte del gobierno federal, así como el fundamento con el que se han desarrollado y la forma en que ha repercutido, tanto de manera negativa como positiva, pero, sobre todo, cómo algunos actores políticos los han utilizado para explotarlas para obtener el voto a pesar de su naturaleza gratuita.
El derecho a tener un mejor alumbrado público, el mejoramiento de calles y banquetas, el drenaje adecuado y la seguridad policial que proteja la propiedad y los bienes de los ciudadanos no deben depender de que el representante de colonia esté afiliado a algún partido político.
Los desvíos de funcionarios y candidatos a cargos de elección popular que se aprovechan de los ciudadanos para ser gestores de esta clase de necesidades colectivas han constituido una cultura ciudadana que hace que estas acciones sean parte de la “normalidad” y que su carácter de “incentivos electorales” formen parte de una serie de viejas “artimañas” que, históricamente, se han utilizado para obtener el voto de ciudadano: las despensas, enseres de limpieza, tinacos, techos de láminas, bultos de cementos, el frijol con o sin gorgojo, entre muchos otros.
La “normalidad” de esta serie de conductas ha impregnado a funcionarios estatales y municipales, fiscalías y supuestos órganos de control y sanción en materia electoral.
Esta clase de delincuencia, como la que opera en las calles, no cede. La compra de voluntades en el momento del sufragio es una realidad que las autoridades no advierten pero que muchos sectores de la población continúan siendo cautivos de estos personajes. Las reglas electorales son inobservadas, persiste la impunidad electoral y ello trastorna eso que los políticos designan con el nombre de democracia.
La compra del voto va de la mano con la magnitud de recursos económicos del partido para distribuirlos en el Estado y municipios, prefiriendo a los beneficiarios de los programas en función del voto prometido como un acto de lealtad con el partido político.
En la psique de los ciudadanos, esta perversión es parte de la normalidad y ello obedece a que los ciudadanos categorizan de una manera devaluada el momento en que imprimen la cruz en la boleta electoral, cuando el voto es uno de los escasos momentos en que pobres y ricos valen lo mismo, empresarios y obreros, profesionistas y analfabetas, porque existe gran desinformación del carácter social y universal de estos programas, de modo que representan un derecho para todos pero que no implican una obligación por parte de los beneficiados.
Para otorgar la entrega de estas “ayudas sociales” existen enlaces que hacen un trabajo extraordinario y digno de reconocimiento, a través de censos para identificar a las personas, sectores y regiones en las que estos programas son prioritarios.
El reto es que estos personajes no formen parte del partido político al que pertenece el gobernante ni que su función tenga como requisito compartir su ideología. Estos personajes son de una relevancia enorme y absoluta. Para la permanencia de estos enlaces es indispensable que se mantengan como personas sin partido y que su ideología sea entregar los apoyos a quien más los necesite y no a quienes han comprometido el voto en la siguiente elección.
Liliana Baltazar Samayoa Pimentel
Psicóloga y abogada.
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