La justicia penal suele presentarse como uno de los pilares del orden social: el mecanismo encargado de garantizar seguridad, sancionar conductas ilícitas y asegurar que la ley se aplique de manera equitativa. Sin embargo, en México esa idea convive con una realidad mucho más compleja. Lejos de operar como una estructura completamente neutral, el sistema penal está atravesado por relaciones de poder que influyen tanto en la creación de las leyes como en su aplicación cotidiana.
Las decisiones en materia penal no surgen en el vacío. Están condicionadas por contextos políticos, intereses económicos y disputas sobre el control social. Las élites políticas y económicas han tenido históricamente una influencia significativa en la definición de las políticas de seguridad y justicia. En muchos casos, las reformas penales responden más a la necesidad de preservar estabilidad institucional o demostrar capacidad de control que a la búsqueda de justicia en sentido amplio.
Un ejemplo claro de ello puede observarse en la estrategia de combate al narcotráfico, que durante años justificó el fortalecimiento del aparato militar y la ampliación de facultades estatales en materia de seguridad pública. A pesar de ello, los niveles de violencia no disminuyeron de forma sostenida, mientras que el costo social fue profundo: desapariciones, desplazamientos, violaciones a derechos humanos y una creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia. Paralelamente, delitos como la corrupción, el desvío de recursos o el fraude financiero suelen enfrentar respuestas menos contundentes, pese al impacto estructural que generan.
Estas desigualdades también se reflejan en la forma en que se aplica la ley. La criminalización no afecta por igual a todos los sectores de la población. Jóvenes en contextos de pobreza, comunidades indígenas, personas racializadas o quienes trabajan en la informalidad enfrentan con mayor frecuencia procesos de vigilancia, detención y judicialización. A esto se suma que muchas veces carecen de acceso efectivo a una defensa adecuada, traductores, acompañamiento legal o condiciones mínimas de debido proceso.
En este sentido, el sistema penal no solo sanciona conductas tipificadas como delito; también puede reproducir desigualdades preexistentes. La prisión preventiva oficiosa es uno de los ejemplos más discutidos. Su aplicación ha implicado que miles de personas permanezcan privadas de la libertad sin haber recibido sentencia, lo que abre cuestionamientos importantes sobre la presunción de inocencia y sobre quiénes son considerados socialmente peligrosos antes incluso de que exista una resolución judicial.
Aunque el poder judicial se concibe formalmente como autónomo e imparcial, tampoco queda al margen de estas dinámicas. La corrupción, las presiones políticas y las desigualdades estructurales condicionan su funcionamiento. Casos de impunidad vinculados con actores políticos, empresariales o figuras públicas refuerzan la percepción de que el acceso a la justicia sigue estando mediado por el poder económico, las redes de influencia o la exposición pública. Al mismo tiempo, personas acusadas por delitos menores pueden enfrentar procesos largos o sanciones severas cuando no cuentan con recursos para defenderse.
Pensar en una transformación del sistema penal en México exige, por tanto, algo más que reformas legislativas. Implica revisar de manera crítica qué entendemos por castigo, seguridad y justicia, así como reconocer que la ley nunca opera completamente al margen de las relaciones sociales en las que se inserta. Mientras la aplicación de la justicia continúe marcada por profundas desigualdades y respondiendo de manera diferenciada según el origen social, económico o político de las personas involucradas, la promesa de igualdad ante la ley seguirá siendo incompleta.
Más que preguntarnos únicamente cómo debe aplicarse la ley, quizá el debate de fondo pasa por cuestionar para quién funciona el sistema penal, a quién protege con mayor eficacia y sobre quién recae con más fuerza.
