Los Estados Unidos Mexicanos está pagando las consecuencias de no contar con una política criminal adecuada a la realidad nacional y sostenida en el tiempo.
Cabe aclarar para evitar cualquier suspicacia, que la percepción generalizada de inseguridad y el clima de impunidad que percibimos la mayoría de la población en México, no es responsabilidad del gobierno de este sexenio, ni del anterior, ni de sus antecesores; es responsabilidad de todos, con independencia de la filiación política del titular en turno. Sí, de todos. También de la ciudadanía, con menor responsabilidad, pero igualmente contribuimos cuando participamos, de alguna manera, en un acto de corrupción “aparentemente” menos relevante; sin embargo, dicha acción alimenta la creencia de que frente al deber y la legalidad, “siempre hay de otra”.
De antemano me disculpo, la persona lectora no deberá considerar estas palabras desde la suficiencia moral, cuando surgen realmente de la autocrítica y de la incapacidad que hemos mostrado para superar las banderas partidistas y encabezar esa legendaria convicción generalizada que ha llevado a otras sociedades a cambiar su realidad, reducir la delincuencia y reconstruir el tejido social, logrando instaurar una cultura de la legalidad y transitar hacía una cultura de los derechos humanos.
La sociedad mexicana ahora mismo es un crisol de contradicciones que sólo se integra cuando se identifica un enemigo en común; pero mientras, en el mismo espacio existen un flamante estadio de futbol para el mundial y una fosa clandestina con restos humanos; al mismo tiempo los agentes de seguridad estatal responsables de resguardar la integridad de todos son, los verdaderos responsables de ataques contra la población civil; donde la ciudadanía se queja de la policía, pero al menor inconveniente son los primeros en ofrecer dinero para evitar una multa.
Tanto la corrupción como la violencia feminicida que atraviesa el país son fallas estructurales que desde la Administración pública no se han querido atender de forma integral, considero más por falta de voluntad política que por falta de conocimiento de frontera al respecto en cualquiera de las ciencias penales. Reitero, no tiene que ver con la filiación política, sino con la convicción plena de que otro modo de vida es posible, a partir de la identificación de igual dignidad en el otro.
Vivimos un clima de violencia extrema, no sé si amplificado o no por los medios de comunicación y las redes sociales, o solo estas últimas visibilizan lo que siempre ha estado ahí. La actividad delictiva, únicamente cambia los medios a través de los cuales opera, por ejemplo, capta niñas, niños y adolescentes como víctimas o los convoca a sumarse a sus actividades por medio de “Roblox” o “Telegram”; otro ejemplo, son las ofertas de trabajo falsas a través de Facebook donde captan a víctimas, ya precarizadas por la falta de empleo.
Para muestra, recientemente, en el marco del Día de la Niñez, el próximo 30 de abril, tuvo eco en los medios de comunicación una declaración de Tania Ramírez quien es Directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, en la cual señaló que durante 2025 se registraron diez mil setecientos reportes de desaparición de menores de edad, registrándose una incidencia elevada en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas.[1]
La sociedad esta cansada de tanta corrupción, de instituciones costosas y deficientes, desafortunadamente de manera legítima o no, se favorece a partidos o grupos políticos que tienen a comunidades estancadas y sumidas en la precariedad, sin educación básica obligatoria y sin el menor asomo a “calidad de vida”; en esas condiciones se dificulta la toma de decisiones y se debilita el tejido social. Bajo ese contexto, la única capilaridad que se logra es la del crimen organizado, es el único que sigue avanzando a través de amenazas o de nuevos cantantes -por ejemplo- quienes como juglares modernos van cantando las hazañas de delincuentes, ganando simpatías y van endulzando la crudeza de la realidad detrás de sus canciones.
En un país como México donde el aparato electoral es de los más costosos del mundo y dicho costo no se traduce en una mejora en la vida democrática de la nación, es imposible no cuestionarse acerca de la calidad de democracia que tenemos, democracia donde ni ciudadanía ni migrantes podemos ejercer plenamente derechos y libertades, ni siquiera circular con seguridad; cualquiera puede ser “levantado” o desaparecido.
Gracias por tomarte el tiempo de leer.
Alberto Francisco Garduño. Asociado líder del Equipo Regulatorio en el despacho Pagés Abogados y académico desde hace más de 10 años en la Facultad de Derecho de la UNAM. Líneas de investigación: derecho de ejecución penal, derecho penal antidiscriminatorio y derecho económico.
X: @albertofco9
Referencias
[1] Véase Arellano García, César, “Cifra de adolescentes y niños desaparecidos va en aumento: ONG” en Periódico La Jornada, lunes 27 de abril de 2026, México, p. 13 [en línea] <https://www.jornada.com.mx/2026/04/27/politica/013n2pol>.
