Abrid escuelas y se cerrarán cárceles. ? Concepción Arenal
Por Antonio Hazael Ruíz Ortega
La idea de sociólogos y economistas sobre la relación a menor educación mayor pobreza en las sociedades, no se queda sólo ahí. Consecuencia de ese fenómeno también el comportamiento se visualiza en la criminalidad.
El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021 realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y publicado en julio de 2021, actualizado en mayo de 2022, nos brinda datos interesantes sobre el nivel de educación de las personas privadas de la libertad que ingresan a los centros penitenciarios federales y estatales.
De acuerdo con el documento, que se puede consultar en Internet, al cierre de 2020 se contabilizaban 211 mil 154 personas privadas de la libertad a nivel nacional en México, de las cuales unas 194 mil 826, que representan el 92.3% del total, ingresó a centros penitenciarios estatales, mientras que el 7.7%, unas 16 mil 328, a centros penitenciarios federales.
Cabe destacar que, según el INEGI, el Estado de México y la Ciudad de México concentraron el mayor número de personas privadas de libertad con 32 mil 759 y 26 mil 259, respectivamente, y que en suma, 59 mil 018, representan el 27.9% del total de personas en reclusión en el país.
El dato interesante para comprender el tema central de este artículo es el que se describe, enseguida.
El grueso de esa población penitenciaria, ese decir, entre el 38 y 39 por ciento, presentaba nivel educativo de secundaria; enseguida, entre 26 y 31 por ciento, primaria o preescolar; en tanto, entre 5.3 y 5.8 por ciento, ningún estudio.
El nivel medio superior o preparatoria registró entre el 15 y 17 por ciento, carrera técnica o comercial entre el 2.3 y 4.5 por ciento; en tanto el grado de licenciatura entre el 4.1 y el 6.6 por ciento, mientras que entre maestría y doctorado menos del 1 por ciento.
Esos datos muestran que la criminalidad crece como una posibilidad muy fuerte en aquellas personas que tienen menos grado de estudio, por consiguiente, una sociedad con menos educación es más susceptible del delito.
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud y el deporte, es uno de los cinco ejes rectores para lograr la reinserción social en las personas privadas de la libertad y que ello, conlleve a disminuir la reincidencia social.
Por eso, los sistemas penitenciarios de todo el país han ido enfocando esfuerzos a brindar clases a las personas en prisión, de todos los niveles.
Sin embargo, es evidente que los esfuerzos también deben multiplicarse en los gobiernos para aumentar las opciones educativas, lo cual es una medida efectiva de prevención.
Los expertos hablan sobre que la seguridad pública que se ejerce actualmente es más reactiva que preventiva y si coincidiéramos con esta perspectiva, es entonces indispensable mejorar la oferta educativa para que un futuro las cárceles vayan teniendo menos gente.
Nadie estaría en desacuerdo que una sociedad educada garantiza menor criminalidad, sin embargo, esta idea se materializa y humaniza para quienes conocemos las cárceles, las hemos caminado, conocimos las historias de las personas en prisión y hasta las sufrimos.
Los datos que nos muestra el INEGI son contundentes y es una herramienta importante para medir lo que se tiene qué hacer.
El INEGI comenzó hace 4 años si no mal recuerdo este censo penitenciario y con el tiempo se ha convertido en un parámetro esencial para entender el fenómeno de la criminalidad.
Dr. Antonio Hazael Ruíz Ortega
Licenciado en Derecho con Maestría en planeación y gestión educativa; Maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios; Especialista en prevención del delito y derechos humanos y Ex subsecretario de Sistemas Penitenciarios y menores infractores de la CDMX.
Twitter: @Hazaelruizo
