Por: Hilda Solis Calderón
Recordaremos que el pasado 20 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la (nueva) Ley de la Fiscalía General de la República, misma que abrogó la entonces Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica, cuyo proceso legislativo contó con 109 votos a favor, 7 en contra y una abstención; en dicha ley, se instituyo a la Fiscalía General de la República (FGR) como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio; donde la procuración de justicia federal se manifiesta mediante principios de autonomía, legalidad, respeto a los derechos humanos, imparcialidad, especialidad, perspectiva de género, entre otros; una ley que entre muchos fue y es considerada como regresiva al antiguo modelo.
El nuevo modelo de procurar justicia, ejercido mediante un Ministerio Público de la Federación y sobre el cual se organiza la FGR, descansa sobre todas y cada una de las personas profesionistas que, como agentes del Ministerio Público de la Federación, Policías Federales Ministeriales, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, hacen posible responder a las exigencias de justicia de la sociedad, aquellos que frente a un país lleno de violencia, día con día desempeñan la noble labor de procurar y representar el bien social; reciente es la determinación del Fiscal General de terminar la relación laboral por razones presupuestarias con una cantidad considerable (se habla más de mil servidores públicos) de personal, lo cual se dió a conocer en diversos medios de comunicación y redes sociales, sin embargo, hasta el día de hoy ante la falta de un comunicado oficial, desconocemos cual es el fondo de tal determinación.
Cabe mencionar, que la FGR es un ente público con patrimonio propio, y que la misma norma establece que es la misma FGR quien establece su proyecto de presupuesto, y que el presupuesto aprobado para este año (2022) es similar al del año pasado, lo cual nos hace especular ante las verdaderas razones de los despidos, máxime que los mismos fueron en su mayoría de personal policial, quienes entre otros fueron citados el día 28 de diciembre del año inmediato anterior para ser notificados del oficio de baja con efectos al 1º de enero de 2022, esto nos hace preguntarnos sobre el rumbo que lleva la procuración de justicia en nuestro país, mucho se ha especulado de que se pretende militarizar a la FGR y declinar la labor de investigación a cargo de la Guardia Nacional, siguiendo el fenómeno que se replica cada vez más, al relevar a las policías y mandos civiles, por mandos militares, y basta echar un vistazo donde las Policías Estatales y Municipales en entidades federativas están siendo dirigidas por mandos de corte militar.
Es preocupante que, al día de hoy, no se ha dado cumplimiento a la Ley, pues esta misma determina que el titular de la Fiscalía General establecerá un Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, el cual regirá las bases y procedimientos para implementar el servicio profesional de carrera, con base a principios de mérito, perspectiva y paridad de género e igualdad de oportunidades conforme a las necesidades de la Fiscalía General; sin embargo desde ya casi 4 años, no se expiden convocatorias y/o concursos de ingreso que convoquen a un reclutamiento, el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera debió de expedirse dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de la multirreferida ley, plazo que feneció el 20 de noviembre pasado; esto nos hace especular aún más en relación al rumbo de la FGR, pues mediante su articulo cuarto transitorio se establece que la persona titular de la Fiscalía General de la República contará con un término de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir el Estatuto orgánico de la Fiscalía General de la República y de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la expedición de éste, para expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, después de esto tenemos la única certeza de que el rumbo de la procuración de justicia federal resulta incierto, y que ante la falta de un observatorio ciudadano que vigile, se torna obscuro el futuro de quienes al día de hoy siguen desempeñándose en dicha institución.
Abogada Penalista.
