En los últimos años ha aumentado la atención al problema de la violencia contra las mujeres en México, y especialmente los asesinatos de mujeres por motivos de género conocidos como “feminicidios”.
Este documento de trabajo examina los factores que han contribuido a un aumento en el número de casos de feminicidio en México, utilizando un enfoque metodológico mixto para evaluar los efectos de la capacidad de enjuiciamiento a nivel estatal en la denuncia de este tipo de delitos.
Según datos oficiales del gobierno mexicano, entre 2015 y 2022, el número de asesinatos tipificados como “feminicidios” —delitos en los que se mata a una mujer por su género— creció un 129%, en comparación con un aumento de aproximadamente el 79% en los homicidios en general. Al mismo tiempo, la proporción real de homicidios dirigidos a mujeres no ha aumentado en los últimos años, y hay variación sustancial en el número de feminicidios investigados en diferentes estados de la República, lo que sugiere que el aumento reciente de casos de feminicidio no es simplemente una función del aumento de violencia en nuestro país. Para comprender mejor los factores que contribuyen al aumento de los feminicidios, podemos centrar nuestra atención en el papel de los fiscales a nivel estatal. Porque la investigación de delitos especialmente designados (como el feminicidio) depende, en gran medida, de la autoridad legal, la capacidad institucional y las decisiones individuales de los fiscales estatales; es importante considerar cómo tales factores influyen en el número de feminicidios investigados en diferentes estados.
La que suscribe explora esta cuestión midiendo el impacto de procesos judiciales específicos a nivel estatal, en particular, el papel de las Fiscalías Especiales de Feminicidio y Género, así como los delitos conexos que resultan de reformas procesales recientes en varios estados mexicanos.
Encontramos evidencia estadísticamente significativa de que la designación de un fiscal especial para delitos de género aumenta la investigación de casos de feminicidio en un 50% en promedio, incluso controlando los niveles de violencia homicida en esos estados. Estos nuevos hallazgos ayudan a ilustrar el impacto de las recientes reformas procesales en México y ofrecen nuevas y útiles perspectivas para legisladores y activistas que trabajan para combatir la violencia contra las mujeres en México.
Análisis y Limitaciones del Estudio.
El presente artículo sugiere que los Estados con fiscales especializados identifican más casos de homicidio que pueden ser tipificados legalmente como feminicidios. Si bien parece lógico que tener un equipo especialmente designado para investigar crímenes naturalmente aumentaría la propensión de un Estado a investigar tales delitos, las estadísticas respaldan esta afirmación para darnos una pequeña idea de la mecánica de cómo se logra este efecto. Los números sólo nos permiten entender que los Estados con Fiscalías especiales son mejores para identificar y denunciar los casos de feminicidio.
El personal, a menudo, carece de una comprensión adecuada del feminicidio como una categoría en el Derecho Penal. En otras palabras, si los fiscales no están debidamente capacitados y/o no comprenden el sistema de calificación legal para un feminicidio, no los investigarán activamente como feminicidios, sin embargo, la sola creación de una Fiscalía Especial no es suficiente para lograr resultados. Se necesita tiempo para desarrollar la capacidad de investigar adecuadamente los feminicidios y otros delitos relacionados con el género. Por lo tanto, si el aparato fiscal más grande es inadecuado o tiene deficiencias, esto necesariamente limitará la efectividad de todos los procesos.
Al mismo tiempo, suele haber un gran interés y dedicación por investigar los feminicidios y delitos relacionados con el género en Estados sin fiscales especiales. Sin embargo, incluso cuando tales procedimientos son la norma, parece que los fiscales que no están especialmente encargados de hacerlo pueden estar menos inclinados o motivados para designar ciertos casos como feminicidios. En tales casos, la carga probatoria de probar un homicidio suele ser menor que probar un feminicidio, por lo que parece haber incentivos para elegir el camino más fácil por convicción. De hecho, es posible o, incluso, probable que los casos identificados en los informes delictivos como los “feminicidios” en realidad no se procesan bajo esta categoría. Dados los criterios específicos para establecer un motivo relacionado con el género, simplemente es más fácil perseguir un delito como feminicidio.
Además, dado que los fiscales no tienen la opción de tratar el feminicidio como una forma de homicidio “agravado”, esta es la opción más segura. Debido a las protecciones constitucionales contra el “doble enjuiciamiento”, perder un caso de feminicidio evitaría que los fiscales vuelvan a juzgar el caso como un homicidio.
En primer lugar, encontramos que hay una falta de datos para medir los recursos financieros disponibles para los fiscales especiales. Además, para los gastos presupuestarios de las Fiscalías de cada Estado, los documentos disponibles (presupuesto de egresos) detallan las asignaciones prospectivas para el ejercicio fiscal. Por lo tanto, puede haber una clara diferencia entre los gastos anunciados y los gastos reales; por ejemplo, las Fiscalías estatales autonómicas luchan por obtener fondos federales, ya que están operando de manera más independiente del Poder Ejecutivo de nuestro gobierno.
En segundo lugar, existe claramente la necesidad de realizar más investigaciones sobre las fechas de implementación de fiscales especiales con el fin de llevar a cabo modelos multinivel más rigurosos a través de varios años. Esto generaría un estudio más robusto que aumenta tanto la confiabilidad como la validez.
En tercer lugar, también existe la necesidad de más investigación cualitativa sobre los fiscales especiales de género. Sus desafíos y mejores prácticas.
Cuarto, pero no menos importante, reconocemos que los datos disponibles para este estudio son limitados en un aspecto importante: la investigación de feminicidios (nuestra variable dependiente) no equivale al enjuiciamiento exitoso de tales casos. Es decir, los datos actualmente disponibles del gobierno federal mexicano no nos dice nada sobre el resultado de una investigación, o si esa investigación condujo a un enjuiciamiento (y, mucho menos, a la condena del autor). En ausencia de datos agregados más detallados sobre los flujos de casos penales en el Sistema de Justicia Penal mexicano, la investigación cualitativa adicional de estudios de caso podría resultar fructífera para determinar la eficacia de las investigaciones de feminicidios. Esto requeriría una mayor profundidad en entrevistas de campo e investigación de archivo de lo que fue posible para este estudio.
Conclusión.
El feminicidio es una categoría especial de homicidio de enorme importancia para el público mexicano. Como muchos activistas han señalado, dedicando atención y recursos para proteger y hacer justicia a mujeres que son víctimas de violencia de género es necesario para abordar este problema.
Como muestran nuestros resultados, institucionalizar la dedicación de personal y recursos para este propósito hace una diferencia impactante en la identificación de tales casos. Desde que se instituyeron las reformas necesarias para crear mecanismos especiales de enjuiciamiento es, en gran medida, una función de la voluntad política.
Mtra. Andrea Alvarado Mendoza
Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestra en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado Nacional, Estudios en Juicio Oral Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Estancia Académica para Estudios en Sistema Penal Acusatorio Adversarial y Estrategias de Litigación Oral Penal Por la Universidad de San Diego, cuenta con estudios en Negocios por la Universidad Iberoamericana, así también se certificó en el programa Aprender a Enseñar a Distancia que imparte el Tecnológico de Monterrey. Trabajó el proyecto ´´Puentes a la vida´´ para el Penal de Barrientos, en el que capacitó internos en temas de justicia restaurativa. Se desempeñó como oficial ministerial en la entonces PGR, actualmente es socia fundadora de la Firma Legal Andrea Alvarado Abogados Penalistas. Es coordinadora responsable de proyectos en Revista Criminogénesis. Coordinadora y capacitadora en cursos de balística forense, conductora en el programa Impulsando el Derecho. Cuenta con publicaciones en La Querella digital, Notitia Criminis, Revistas como Criminogenesis, Cadena de Custodia, Mundo Jurídico Hispanoamericano y la Revista de la Facultad de Derecho.
Facebook: Andrea Alvarado
