La responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha convertido en un tema de gran relevancia. A través de una serie de reformas legales y disposiciones, se ha buscado no solo sancionar a las personas físicas involucradas en actividades delictivas, sino también a las entidades corporativas que, de una manera u otra, facilitan o se benefician de tales acciones ilegales.
La legislación mexicana, en particular el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, ha establecido claramente las bases para que las personas morales, como empresas y organizaciones, sean consideradas responsables penalmente por delitos cometidos en su nombre o en su beneficio. El artículo 11 del Código Penal Federal, por ejemplo, establece que si un miembro o representante de una persona jurídica comete un delito utilizando los recursos que la entidad proporciona, con el resultado de que el delito se comete en nombre o en beneficio de la persona moral, se pueden imponer consecuencias jurídicas a la entidad corporativa. Este es un avance significativo en la lucha contra actividades delictivas que van desde el fraude fiscal hasta la emisión de comprobantes fiscales falsos.
Uno de los puntos cruciales en esta discusión es la necesidad de garantizar que las empresas mantengan un control adecuado sobre sus operaciones internas y se aseguren de que sus empleados y representantes cumplan con la ley. La inobservancia del debido control en la organización puede llevar a graves consecuencias legales para la entidad corporativa, incluyendo sanciones pecuniarias, suspensión de actividades e incluso su disolución en casos extremos.
Un ejemplo destacado es la lucha contra las empresas “fantasma” o aquellas que deducen operaciones simuladas. Estas prácticas fraudulentas no solo socavan las finanzas del Estado, sino que también afectan directamente a la población al reducir los recursos disponibles para servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad pública.
La disolución de empresas involucradas en actividades ilegales puede considerarse una medida drástica, pero es una herramienta necesaria para enviar un mensaje claro de que el fraude fiscal y las prácticas comerciales deshonestas no serán toleradas. Además, esto contribuye a la estabilidad de las políticas públicas destinadas al bienestar de la sociedad.
Es fundamental que las empresas, grandes y pequeñas, reconozcan la importancia de mantener un estricto cumplimiento legal y ético en sus operaciones. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un recordatorio de que la ley no solo se aplica a las personas, sino también a las entidades corporativas que juegan un papel crucial en la economía.
En última instancia, la aplicación efectiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es esencial para preservar la integridad del sistema fiscal y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera efectiva en beneficio de toda la sociedad. Es un paso en la dirección correcta para promover la transparencia y la legalidad en el mundo empresarial y proteger los intereses de la comunidad en su conjunto.
Oscar Daniel Ontiveros Arellano.
Estudiante de 8vo. semestre de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
