En cualquier sistema de justicia, el derecho a una defensa adecuada es de suma importancia. Sin embargo, una práctica que socava este principio y obstaculiza el proceso, es la denegación del acceso a la carpeta de investigación para aquellos detenidos, citados como imputados o bajo investigación. Esta negación, no solo socava los fundamentos mismos de la justicia, sino que también viola un derecho humano fundamental: la capacidad de defenderse.
La carpeta de investigación, la cual contiene los detalles de una investigación penal, se ha convertido en una especie de misterio al que solo unos pocos privilegiados tienen acceso. Esta limitación se justifica frecuentemente bajo el pretexto de la confidencialidad, la protección de la investigación o incluso para salvaguardar a los testigos. No obstante, tales argumentos no pueden opacar la importancia de garantizar un juicio imparcial y equitativo.
Negar a los acusados o a sus abogados la posibilidad de acceder a esta carpeta vital supone una seria desventaja. El acceso restringido a la evidencia y a los detalles de la investigación limita la capacidad de la defensa para preparar un caso sólido, menoscabando así el derecho fundamental de todo individuo a una defensa efectiva. Esta disparidad de información entre la fiscalía y la defensa crea un desequilibrio injusto que atenta contra la equidad procesal.
La negativa al acceso a la carpeta de investigación no solo afecta al acusado, sino que también debilita todo el sistema de justicia. Esta práctica conduce a decisiones judiciales basadas en información unilateral, sesgada y a menudo incompleta, lo que aumenta la posibilidad de juicios injustos y sentencias erróneas.
Es importante comprender que el acceso a la carpeta de investigación no implica una revelación pública indiscriminada de los detalles del caso. Se trata más bien de otorgar a la defensa los elementos necesarios para armar una estrategia coherente.
El Amparo en Revisión 3247/22 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 29 de marzo de 2023, marca un punto de inflexión sobre la garantía de este derecho. Esta determinación establece que las personas tienen derecho a acceder a la carpeta de investigación cuando se encuentren detenidas, citadas como imputadas o sean afectadas por actos de la autoridad. De lo contrario negar el acceso a la carpeta de investigación representa una clara violación de los derechos humano, debilitando la esencia misma de la justicia.
Marco Aurelio Lugo Rangel.
Estudiante de la Facultad de Derecho, UNAM.
