En el sistema penal mexicano, la protección de los derechos humanos ha sido objeto de debate y crítica constante. A pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales, persisten desafíos significativos que afectan la efectividad de dicha protección en el proceso penal. En esta columna, analizaremos algunos de estos desafíos y reflexionaremos sobre posibles soluciones.
Uno de los principales problemas en el proceso penal mexicano es la violación de derechos humanos durante la etapa de detención e investigación. El uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de acceso oportuno a un abogado defensor, la tortura y otros malos tratos son prácticas que socavan la presunción de inocencia y vulneran los derechos fundamentales de los imputados. A pesar de las reformas legales y los esfuerzos de las instituciones encargadas de procurar justicia, estas violaciones continúan ocurriendo con preocupante frecuencia.
Otro aspecto crítico es la falta de garantías para las víctimas de delitos. Si bien se han implementado medidas para fortalecer sus derechos y brindarles atención y protección, aún persisten obstáculos en su acceso a la justicia. La lentitud en los procesos judiciales, la revictimización durante el juicio y la falta de recursos para la reparación del daño son algunas de las dificultades que enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad.
Además, la impunidad sigue siendo una de las principales preocupaciones en el sistema penal mexicano. La falta de investigaciones efectivas, la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, y la debilidad del sistema de procuración y administración de justicia contribuyen a la perpetuación de la impunidad. Esto no solo socava la confianza en las instituciones estatales, sino que también perpetúa la violación de derechos humanos al permitir que los responsables de cometer delitos queden impunes.
Para abordar estos desafíos, es necesario un enfoque integral que involucre reformas legislativas, fortalecimiento institucional y una cultura de respeto irrestricto a los derechos humanos. En primer lugar, es fundamental garantizar el respeto absoluto de la presunción de inocencia y prohibir cualquier forma de tortura o malos tratos durante la detención e investigación. Esto requiere una supervisión efectiva de las autoridades y la aplicación rigurosa de sanciones en caso de violaciones.
Además, es necesario fortalecer los mecanismos de protección y atención a las víctimas, asegurando su participación activa y efectiva en el proceso penal. Esto incluye brindarles asesoramiento legal, apoyo psicosocial y acceso a mecanismos de reparación del daño de manera expedita y equitativa.
Por otro lado, se requiere una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia penal mexicano. Esto implica fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, así como promover la participación ciudadana en la vigilancia de su actuación.
La protección de los derechos humanos en el proceso penal mexicano enfrenta múltiples desafíos que requieren acciones concretas y coordinadas por parte del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Solo a través de un compromiso firme y sostenido con los principios de justicia, igualdad y dignidad humana podremos garantizar un sistema penal que respete y proteja los derechos fundamentales de todas las personas involucradas
