En los últimos años, nuestro país ha visto un aumento significativo en la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, un fenómeno que ha generado controversias y debates en torno a su eficacia y a las repercusiones en materia de derechos humanos y justicia penal. La militarización de la seguridad pública se ha presentado como una solución ante la escalada de violencia y el poder creciente del crimen organizado, pero sus implicaciones han sido profundas y multifacéticas, impactando no solo la vida cotidiana de los ciudadanos, sino también el sistema de justicia penal y la estructura democrática del país.
La militarización comenzó a intensificarse durante el sexenio de Felipe Calderón, cuando en 2006 lanzó la “Guerra contra el Narcotráfico”. Este enfoque, basado en la confrontación directa con los cárteles mediante el uso de la fuerza militar, ha sido continuado y expandido por administraciones posteriores, incluyendo la actual. El despliegue de soldados en las calles y su participación en operativos de seguridad se ha convertido en una práctica común, justificada por la falta de capacidad y confianza en los cuerpos policiales civiles para enfrentar la magnitud de la criminalidad. Sin embargo, esta militarización ha traído consigo una serie de problemáticas que no pueden ser ignoradas.
Uno de los principales problemas radica en la diferencia fundamental entre las funciones y el entrenamiento de los militares y los cuerpos policiales. Los militares están entrenados para la guerra y la eliminación del enemigo, mientras que la policía tiene como objetivo proteger a la ciudadanía y mantener el orden público bajo un marco de respeto a los derechos humanos. Esta distinción es crucial, ya que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede llevar a un uso excesivo de la fuerza, con consecuencias graves para los derechos humanos. En México, ha habido numerosos casos documentados de violaciones graves, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, cometidas por elementos militares durante operativos de seguridad.
La justicia penal también se ha visto afectada por esta militarización. En muchos casos, las violaciones de derechos humanos cometidas por militares no son juzgadas en tribunales civiles, sino en tribunales militares, donde la falta de transparencia y la tendencia a proteger a los elementos de las fuerzas armadas han contribuido a la impunidad. Este fuero militar, en lugar de garantizar justicia, ha servido a menudo para perpetuar un ciclo de violencia y violaciones a los derechos humanos, socavando la confianza en las instituciones de justicia y en el Estado de derecho.
El impacto de la militarización en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía también es relevante. La presencia de militares en las calles puede dar una falsa sensación de seguridad a corto plazo, pero a largo plazo contribuye a la normalización de la violencia y a una visión autoritaria de la seguridad, en la que se prioriza la fuerza sobre la prevención y la construcción de una sociedad pacífica. En México, la militarización ha ido acompañada de un aumento en las violaciones de derechos humanos y una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad, lo que ha debilitado el tejido social y exacerbado la violencia.
Además, la militarización de la seguridad pública en México ha tenido consecuencias en la política criminal del país. Al centrarse en la represión de la delincuencia a través de la fuerza, se ha desatendido la necesidad de abordar las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Este enfoque ha generado un ciclo vicioso en el que la violencia del Estado provoca más violencia social, sin resolver los problemas de fondo que alimentan la criminalidad. En lugar de reducir la violencia, la militarización ha contribuido a su perpetuación, desplazando la actividad criminal a otras regiones o sectores sin lograr una reducción significativa en las tasas de delincuencia.
Otro aspecto preocupante de la militarización en México es la criminalización de la protesta social y la disidencia política. En diversas ocasiones, el gobierno ha utilizado a las fuerzas armadas para reprimir movimientos sociales y silenciar a opositores, bajo el pretexto de garantizar la seguridad y el orden. Este uso de la fuerza militar en contextos de protesta no solo viola los derechos humanos de los manifestantes, sino que también erosiona las libertades civiles y los derechos fundamentales que son pilares de una sociedad democrática.
La creación de la Guardia Nacional en 2019, una fuerza de seguridad que inicialmente se presentó como civil pero que ha sido integrada en gran medida por elementos militares, es un ejemplo claro de cómo la militarización se ha institucionalizado en el aparato de seguridad pública de México. Aunque la Guardia Nacional se concibió como una respuesta a la crisis de seguridad, su implementación ha sido criticada por su falta de independencia del ejército y por perpetuar un modelo de seguridad centrado en la militarización, en lugar de en el fortalecimiento de las capacidades civiles y la prevención del delito.
Ante este panorama, es urgente repensar la estrategia de seguridad en México y buscar alternativas que prioricen el fortalecimiento de las instituciones civiles, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. La militarización, aunque puede ofrecer resultados inmediatos en términos de presencia y control territorial, no resuelve los problemas estructurales que alimentan la violencia en el país. Es necesario un enfoque más integral que incluya políticas de prevención del delito, programas de desarrollo social y económico, y una reforma profunda del sistema de justicia penal para garantizar que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
El reto para el Estado es encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad y la obligación de respetar y proteger los derechos humanos. La militarización ha demostrado ser una solución inadecuada a largo plazo, que ha exacerbado la violencia y socavado las instituciones democráticas. Es hora de buscar enfoques alternativos que promuevan una cultura de paz y fortalezcan el Estado de derecho, construyendo un país más justo, seguro y respetuoso de los derechos fundamentales.
