Por Aarón Sánchez Castañeda
“Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
Nelson Mandela
Enfrentar la crisis de la gestión penitenciaria en América Latina requiere no solo implementar estrategias y acciones punitivas desde el sistema de justicia, sino ejecutar una política humanista y de desarrollo social que disminuya las condiciones de vulnerabilidad y reduzca las brechas de exclusión y desigualdad social histórica que ha afectado a nuestra región. En otras palabras, “darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje”.
¿Cómo enfrentar el incremento de las tasas de población penitenciaria en . La más reciente edición del World Prison Population List (wppl) publicada por el Institute for Crime & Justice Policy Research (icpr) en diciembre de 2021[1] registra que existen en el mundo alrededor de 11.5 millones de personas en todo el mundo que se encuentran privades de su libertad en establecimientos penitenciarios.
La lista comprende 223 sistemas penitenciarios en países independientes y territorios dependientes. Tan solo en Brasil se tiene un registro de 800,000 personas encarceladas, lo que representa casi el 7% de la población mundial; en México ya se superan los 220 mil en todo el país. El tercer lugar en concentración de población penitenciaria en esta región se encuentra en Argentina con cerca de 110 mil presos, seguido de Colombia con 98 mil registros y Perú con 88 mil personas privadas de su libertad.
Con relación a la población carcelaria en el continente americano, se desprende del mismo análisis del ICPR, que la tendencia de incremento “desde 2000 (43%) está fuertemente influenciada por la tendencia en los Estados Unidos, cuya población carcelaria es por mucho la más grande, pero ha crecido mucho más lentamente que la de muchos otros países del continente. Sin las cifras de Estados Unidos, la población carcelaria en las Américas ha aumentado un 138% desde el año 2000: el aumento es del 77% para Centroamérica y del 200% para Sudamérica”[2].
Sobre la estimación de la tasa de población penitenciaria mundial, elaborada por las Naciones Unidas con respecto a los niveles de concentración de población nacional, la tasa mundial es del 143 por cada 100.000 habitantes.
En ese orden, El Salvador y Cuba presentan las tasas más altas de la región de América Latina con 564 y 510 ppl por cada 100 habitantes, respectivamente. Siendo la tasa media de América Central de 278.
Podría establecerse con la serie de tiempo presentada sobre la tendencia de la población penitenciaria, una de las pocas evidencias comunes al innegable fracaso del actual sistema de justicia y ejecución penal “En gran parte del mundo, el número de presos está aumentando, vertiginosamente en algunas regiones. Tan solo desde 2000, la población carcelaria total de América del Sur se ha triplicado en tamaño (un aumento del 200 %)” [3]
Pese a esa realidad, las recomendaciones de los “expertos” siguen siendo las mismas, el bemol de las alternativas propuestas y de las acciones de seguridad y política penitenciaria, es la falta de evidencia empírica en sus argumentos, no todo es intuición, reacción ante las emergencias e intolerancia. Es necesario una mayor formación metodológica y “creatividad” para superar la discusión sobre cómo enfrentar los problemas de seguridad y crisis carcelarias en América Latina, más allá del malestar de la infraestructura penitenciaria y la recomendación para edificar más cárceles. Sin estrategia y sin planeación los nuevos centros se llenarán sin excepción. Por otra parte, la narrativa de la reinserción debe superar sus limitaciones y fracasos para construir una nueva realidad a partir de acciones concretas que trasciendan del discurso a la existencia material de la justicia intramuros. Aquí algunos ejemplos:
1. Incremento del uso de Medidas no privativas de libertad en todas las etapas del proceso de justicia penal, como medida de desviación inicial para desactivar su conexión al sistema y como alternativa o complemento durante las intervenciones de justicia penal existentes.
· Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido durante [CRA1] 2022 en México el programa de Libertades por causas humanitarias, sumó más de 3, 000 libertades anticipadas y amnistías a personas internas por delitos no graves, que no pudieron pagar una defensa y en condiciones de vulnerabilidad
2. Optimización del presupuesto y costos de infraestructura de las instalaciones penitenciarias sin vulnerar los niveles de seguridad y custodia, priorizando la atención a las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y la protección y ejercicio efectivo de los derechos de la población interna, el personal y sus visitantes.
3. Estrategias de seguridad basadas en la transparencia y la Institucionalización de normas, protocolos, procedimientos y prácticas que permitan el cumplimiento de los objetivos y la supervisión conforme a indicadores de desempeño que puedan ser evaluados, como parte de un proceso continuo.
4. Incremento de personal y desarrollo de un programa de capacitación inicial, de permanencia y especializada, que permitan atender y enfrentar las diferentes necesidades que garanticen la gobernabilidad y seguridad en los establecimientos penitenciarios, así como el desarrollo de diferentes intervenciones para la reinserción.
5. Los proyectos de “Cárceles productivas” se encuentran multiplicándose en América Latina como una exitosa alternativa de intervención durante la ejecución penal. Hay casos de éxito en Costa Rica, Colombia, Argentina y México entre otros, con iniciativas caracterizadas por la coordinación y “corresponsabilidad” entre el sector privado, organismos no gubernamentales y la administración pública.
6. Alternativas de Intervención basados en enfoques diferenciados para la atención y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
En el prefacio de su obra El futuro de las prisiones (1978) Norval Morris establece una aguda crítica a la crisis de la prisión, pues afirma que en los dos siglos transcurridos ha fracasado en sus propósitos con relación a la rehabilitación, hoy conocida como reinserción.
“Las cárceles tienen escasos amigos; el descontento en ellas es cosa generalizada. A menudo son escenarios de brutalidades, violencia y conflictos raciales. Y en la medida en que las cárceles pretenden curar a los criminales de la delincuencia, sus fojas de servicios son poco alentadoras. Sin embargo, las cárceles tienen otros objetivos: castigar, disuadir, excluir, que les aseguran su permanente supervivencia”[4].
En este sentido, valdría la pena plantearse de origen una moderna reforma penitenciaria alternativa al viejo modelo de la prisión, un esquema que por fin atienda la expectativa de llevar la legalidad a la prisión, aún más allá del desgastado concepto de reinserción y garantice un sistema de justica basado en el derecho a la inclusión de las personas que como consecuencia de la décadas de exclusión y desigualdad han vivido la vulnerabilidad de sus derechos en libertad y que actualmente se vuelven ejércitos de “los otros” privados de su libertad, manteniendo y manifestando por diferentes vías su rechazo. Es necesaria una reforma que promueva la protección de los derechos humanos y salvaguarde el principio de dignidad humana de las personas privadas de su libertad, en el sistema de justicia de ejecución penal, pero sobre todo fuera de éste.
Este ideal, es más que un buen deseo debe ser una esperanza para nuestras realidades latinoamericanas. En el cierre de un convulso año 2022, tan lleno de retos y cambios por enfrentar, anhelo, como todos los años anteriores, que el próximo año nos depare, si no el fin de la encrucijada, sí la capacidad, la fortaleza y sobre todo el ánimo y la esperanza para seguir trabajando en un mejor sistema de justicia y prevención del delito que beneficie la convivencia y las libertades de todos en el próximo 2023.
Citas.
[1] Worl Prison Brief. World Prison Population List, 13th Edition, December 2021.
[2] Idem, WPB.
[3] Idem, WPB
[4] Morris, Norval (2013) El Futuro de las Prisiones (Estudios sobre el Crimen y la Justicia). México: Siglo XXI Editores, p. 9.
Aarón Sánchez Castañeda
● Lic. en Administración Pública por la UNAM.
● Mtro. en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios.
● Maestrante en Criminología.
● Con especialidad en Administración de Prisiones en el International Correccional Management Training Center.
● Integrante de la 5ta. Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH del MERCOSUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
● Primer Auditor Mexicano de la Asociación de Correccionales de América ACA.
● En 2022 formó parte del grupo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para la elaboración del Informe sobre las mejores prácticas para disminuir la reincidencia delictiva, publicado en la XXXI Sesión del Comisión de Prevención del Delito de las Naciones Unidas.
Twitter: @AaronSanchez_C
