Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener el proceso penal que pretendía iniciar en contra de una persona por el presunto espionaje con el software “Pegasus” del que fue blanco el excomisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
Lo anterior luego de que una jueza federal primero y un tribunal federal después consideraran ilegales las pruebas que los fiscales mostraron para sostener que Mondragón fue espiado por lo menos de febrero a noviembre de 2013 con “Pegasus”, y que de su teléfono se extranjeros todos sus contactos, así conversaciones que sostuvo con otros funcionarios y periodistas.
Como se recordará, el caso del presunto espionaje a Mondragón se dio a conocer luego de que la periodista Carmen Aristegui recibió información que tanto ella como el excomisionado de seguridad federal habrían sido ilegalmente espiados con el referido software.
Aunque se trata de un programa que, en el papel, solo podía ser utilizado por el gobierno (y que en México fue adquirido, entre otros, por la Sedena, CISEN y PGR), la fiscalía concluyó que el responsable de la intervención ilegal a Aristegui y Mondragón era un exempleado de la compañía KBH que fue contratada para actualizar las licencias de dicho software al gobierno.
La acusación en contra de dicho exempleado (Juan Carlos García Rivera) se sustentó principalmente en otro exempleado de la empresa al que la FGR volvió testigo colaborador bajo el nombre de “Zeús” y quien, entre otras cosas, entregó una memoria USB con archivos que contenían datos y elementos obtenidos del teléfono de Mondragón y Kalb.
Entre esos elementos se encontraban los datos de 462 comunicaciones que el exfuncionario sostuvo con 182 interlocutores distintos, algunos de ellos funcionarios de alto nivel donde se manejaron temas de seguridad nacional. También hay charlas con periodistas y particulares.
El 6 de noviembre de 2021 la FGR presentó los cargos en contra de Juan Carlos García Rivera con la finalidad de que fuera vinculado a proceso por dos casos, el de Carmen Aristegui y el de Mondragón y Kalb. Sin embargo, la jueza federal Ana Gabriela Urbina Roca determinó que era improcedente judicializar este segundo caso.
Pruebas dudosas e ilegales
La razón central por lo cual la jueza determinó desestimar la vinculación a proceso relacionada con el caso Mondragón es que consideró que la información aportada de origen carecía de credibilidad por la forma dudosa en que se obtuvo.
El problema se ubica centralmente en la memoria USB que “Zeus” entregó a la FGR con el resumen de las comunicaciones de Mondragón y que contienen un número significativo de datos personales no solo de él, sino de sus contactos. Se trata de datos que el testigo justificó tenerlos en su poder ya que, supuestamente, el chofer del jefe de su empresa le pidió que los descargara y enviara por correo electrónico al CISEN en septiembre de 2015.
El testigo asegura que cuando “accidentalmente” abrió el archivo y se dio cuenta que la información contenía datos de contactos extraídos de Mondragón, y que reconocía varios de los nombres, él decidió quedarse con una copia de los archivos. Información que luego fue la que dicho testigo entregó a la Fiscalía y que derivó en otras diligencias.
La explicación, sin embargo, no convenció a la jueza Urbina Roca sobretodo porque los datos aportados por “Zeus” contienen datos personales que claramente no fueron obtenidos con órdenes judiciales. Y tampoco se aportaron elementos que, por ejemplo, descarten que no fue el mismo quien los pudo haber sustraído ilícitamente.
Por ese motivo la juzgadora determinó anular ese y otros cinco datos de prueba surgidos a partir de la información aportada por los fiscales con lo que, de facto, quedó excluido el caso de Mondragón y Kalb del proceso.
En respuesta a ello la Fiscalía promovió un recurso de apelación en el que argumentó, entre otras cosas, que lo decidido por la juez era erróneo ya que los datos aportados por Zeus estaban en una memoria USB que era de su propiedad y, por tanto, él era el dueño de la información y no se requería de control judicial previo.
El caso fue turnado al Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito el cual, tras analizar los argumentos de la Fiscalía determinó como improcedente su recurso con lo que quedó firme la decisión de la jueza.
Pese a esa decisión la FGR insistió en incluir a Mondragón y Kalb en las menciones relacionadas con el proceso penal que sí se abrió en contra de Juan Carlos García por el caso de Carmen Aristegui, situación que ameritó que el juez que está a cargo del juicio, Luis Benítez Alcántara, emitiera un acuerdo precisando que el excomisionado no figura en calidad de víctima en el caso.
¿Y de las otras víctimas? Nada
Con excepción del caso de Carmen Aristegui y del fallido intento de proceso por el espionaje a Mondragón y Kalb, la FGR no ha llevado hasta ahora a tribunales ningún otro caso relacionado con el espionaje que se habría hecho con “Pegasus” a diversos activistas, periodistas, opositores políticos, entre otros.
Periodísticamente las revelaciones han continuado en los últimos años. En 2021 un trabajo conjunto de Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, reveló que más de 15 mil números telefónicos en México habrían sido blanco del espionaje con el software “Pegasus”.
Entre esos números se encontraban los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017.
Pero también se ha documentado el uso del spyware de Pegasus ya en el sexenio del presidente Andrés Manuel López obrador. Otro trabajo en conjunto encabezado por organizaciones civiles documentó que el Ejército habría intervenido con dicho sistema a tres personas más, entre ellos un activista y un periodista.
Sobre todo ello no se ha dado conocer el avance de alguna investigación oficial de parte de la FGR o de otra instancia al respecto.
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