La exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, ganó un amparo más relacionado con los procesos penales abiertos en su contra por los desvíos de la llamada Estafa Maestra, luego de que una magistrada federal consideró que los elementos aportados por su defensa no han sido valorados de forma correcta.
Estas fallas sumadas a la inacción de la Fiscalía General de la República ha provocado que los casos se encuentran prácticamente paralizados.
En un comunicado la defensa de la exfuncionaria dio a conocer que el Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito concedió de forma definitiva un amparo en contra de la decisión que tomó un juez de no desestimar su caso bajo el argumento de que no existen delitos.
El tema se relaciona con la acusación por omisiones que la FGR presentó en contra de Robles desde el 2019, tras considerar que cuando encabezó la Sedesol y la Sedatu en el sexenio pasado no hizo lo suficiente para frenar la firma de convenios que provocaron desvíos por más de cinco mil millones de pesos.
La acusación provocó que Robles estuviera más de tres años en prisión preventiva, pero el proceso no ha podido llegar a juicio. Los abogados de la exfuncionaria consideraron que los hechos que se le imputan, aun cuando fueran ciertos, no son un delito sino, en todo caso, una responsabilidad administrativa.
El 4 de febrero del 2022 se llevó a cabo una audiencia para determinar si era procedente sobreseer el caso, es decir, desecharlo por ese motivo. El juez Ganther Villar resolvió que no era procedente, pero lo hizo sin analizar bien los razones y argumentos expuestos por la defensa, según el amparo ganado ahora por Rosario Robles.
En ese contexto y por instrucción del Tribunal federal se tendrá que llevar a cabo ahora una nueva audiencia en la que sí se analicen y comparen tanto la normativa penal como la administrativa y se determine si el proceso penal debe mantenerse o no, pero de forma sustentada.
Además de este caso la FGR promovió, en su momento, una segunda acusación en contra de Robles por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero ante un juez federal del estado de México. El juez que revisó el caso consideró que había elementos suficientes para girar una orden de aprehensión en su contra, pero durante dos años, la Fiscalía no la ha cumplimentado.
Aunque la defensa de la exfuncionaria obtuvo el año pasado un amparo que suspende de forma definitiva la ejecución de dicha orden, nada impide a la FGR pedirle al juez que cite a la exfuncionaria a la audiencia inicial para presentarle esos cargos. Pero hasta ahora, de forma inexplicable, no lo ha hecho.
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