El 5 de febrero del año en curso, se conmemoró otro aniversario más de la Constitución Mexicana de 1917. Carta Magna, que no solo rige la vida en sociedad, sino que sus múltiples usos como los son: la Constitución como forma de gobierno, como institucionalismo jurídico, como norma, pacto político y en sentido garantista; han permitido plasmar la voluntad del pueblo en su forma de gobernarse.
Es por esto que, independientemente del Poder de la Unión en que se haga énfasis, los 3 poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), deben estar apegados a la Constitución, respetarla y defenderla como máxima norma del Estado mexicano.
La división de poderes es, al final de todo, una técnica de limitación al poder así como lo es la Constitución misma. Al acotar un Poder representativo y repartir sus funciones, no solo facilita la gobernabilidad, sino permite que cada poder sea un contrapeso del otro haciéndose valer de su independencia.
Así pues, el sentido de una Constitución se entiende al comprender los principios básicos en el momento de la fundación del texto. Existe un propósito fundacional.
Por la historia política que caracteriza al país, México, después de la Revolución Mexicana, tenía un pueblo fragmentado, carecía de unidad y necesitaba justicia social. Se debía concentrar el poder en un gobierno fuerte y lo centralizaron en la figura del presidente de la República. De ahí que se gozaba de un hiperpresidencialismo durante la llamada “Dictadura Perfecta del PRI”, y al cual, desgraciadamente estamos regresando.
Este es el punto de partida para entender la lógica enaltecedora del Poder Ejecutivo, al presidente se le ve como una figura relevante dentro de los gobiernos autoritarios, se le da mucho poder. La mentalidad del mexicano es ver al presidente como alguien a quién seguir, derivado de la necesidad de un “tlatoani”, pastor o guía de almas. En un régimen constitucional, el presidente es el hacedor de todo el sistema y encara un rol protagónico en la sociedad denigrando a los demás Poderes.
Retomando la reciente ceremonia por el aniversario de la Constitución, es curioso que muchos partidarios de la oficialía se hayan indignado por la decisión de la Ministra Presidenta Norma Piña de no levantarse cuando el Presidente de la República arribó al recinto. No es falta de respeto o ignorancia al protocolo, pero gracias a este gesto la ministra ha mostrado de qué está hecha la Suprema Corte. Ella es la representante del Poder Judicial, Poder par del Ejecutivo y por ende no debe someterse al último.
No hay por qué alabar. Bien lo dijo la ministra Piña: “La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial de la Federación. Una judicatura independiente es el pilar de nuestra democracia”.
Esta imparcialidad, permite una vida democrática en tiempos en los que la Constitución se ve como un estorbo para fines políticos.
Paradójicamente, es irónico que pidan aplausos y respeto, a un personaje que día con día no respeta investiduras y no respeta a la Constitución. Lo que molesta, es una judicatura que ponga límites y no se someta a una ideología parcial.
A buen tiempo la Corte, a manera de contrapeso, se aleja de la complacencia de las voluntades de Palacio Nacional.
Avryl Rodríguez Granados
Estudiante en Derecho UNAM. Feminista y activista social. Apasionada del Derecho Constitucional y Penal. Diploma en “VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional” por la SCJN.
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