En el último año el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la Fiscalía General de la República incrementaron la presión sobre el Poder Judicial ya no solo con amenazas o críticas a jueces que emitan fallos adversos a sus intereses, sino incluso con la apertura de indagatorias penales.
Por lo menos cuatro jueces federales enfrentan actualmente carpetas de investigación abiertas en su contra por la presunta comisión de delitos en contra de la administración de justicia, de acuerdo con lo que la propia FGR ha dado a conocer en diversos comunicados.
Uno de los casos más recientes es el del juez de control Roberto Paredes Gorostieta, quien en febrero pasado desechó el caso con efectos absolutorios que desde hace más de tres años impulsaba la FGR en contra de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por omisiones relacionadas con el caso de la Estafa Maestra.
De forma similar la Fiscalía inició una carpeta de investigación en contra del juez de amparo Faustino Gutiérrez Pérez, quien ordenó la cancelación de la orden de aprehensión que se había girado desde 2021 al hoy exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.
La FGR también anunció la apertura de una carpeta de investigación al juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, quien desestimó el caso en contra de Ramón Sosamontes, un alto exfuncionario de la Sedesol y Sedatu que también estaba implicado en el caso de La Estafa Maestra.
Y el año pasado la Fiscalía inició una indagatoria al juez federal del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, después de que este se negó a vincular a proceso a un grupo de abogados a los que la FGR acusaba de haberse coludido con el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, para cometer presuntos actos de extorsión.
De acuerdo con una publicación de el periódico La Jornada, las investigaciones en contra de estos jueces no se llevan a cabo en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que es el área especializada para estos casos, sino en la Fiscalía de Control Competencial que dirige Juan Ramos, abogado de confianza y mano derecha del fiscal Alejandro Gertz Manero.
Ministra pide prudencia, pero no cobardía
Además de la apertura de las investigaciones, el presidente López Obrador ha criticado cada vez con más frecuencia el desempeño del Poder Judicial. Si bien ya desde hace algunos años señalaba a jueces sobretodo por la concesión de algunas suspensiones que han retrasado trabajos como los de El Tren Maya, en las últimas semanas los señalamientos son casi diarios.
Esto coincide con el relevo que hubo en la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura y la designación de la ministra Norma Piña como cabeza del Poder Judicial. Sin datos duros que lo prueben, el presidente sostiene que tan pronto se dio este relevo “ha vuelto a crecer la corrupción” en el Poder Judicial.
En ese contexto y durante un encuentro con juezas y jueces el fin de semana en San Lázaro, la ministra Piña reconoció que “no son tiempos sencillos” los que enfrentan actualmente los impartidores de justicia, por lo que les pidió actuar con “prudencia” sin que ello signifique cobardía.
“No son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo, pero, si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante”, señaló la Ministra.
Piña le recordó a los jueces y magistrados presentes en el encuentro que su labor central es la de ser “guardianes de la Constitución… esa es nuestra fuerza y nuestra responsabilidad”.
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