Liliana Baltazar Samayoa Pimentel.
Quiero abordar este tema y poder explicar desde dónde viene y con qué finalidades se comenzaron a crear los programas sociales para, así, analizar si en verdad han ayudado o no a la población, y qué costo han tenido que pagar los beneficiarios en el momento de emitir su voto.
Si bien es cierto las ayudas sociales que brinda el gobierno a ciertos sectores vulnerables de la sociedad tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que -dentro de lo que establece en cuanto a derechos y deberes del pueblo mexicano- sustenta que toda persona tiene derecho a un medio sano para su buen desarrollo y bienestar, algunos preceptos están orientados a garantizar los derechos sociales como el derecho al trabajo, la educación, la protección laboral, el acceso a la tierra, a la salud, a la vivienda, etc.
Con el transcurso del tiempo, hemos testificado que los reclamos sociales han puesto énfasis en que no es suficiente que esos derechos estén en la Constitución si, en la realidad, no son más que letra, es decir, en pleno año 2023 existen personas que carecen de empleo, que en muchas comunidades los pobladores no tienen un derecho básico de salud, que para acceder a la educación básica las niñas y niños deben desplazarse caminando por largos trayectos, que los centros de educación de muchas comunidades carecen de instalaciones adecuadas, de luz, agua e Internet.
Estas carencias son aprovechadas en el discurso por los políticos como ofrecimiento para verse favorecidos con el voto de estas comunidades. Ahora les venden promesas para hacer realidad los derechos sociales que se incorporaron en el año de 1917, hace más de un siglo. Los políticos ofrecen mejores condiciones para una vida digna.
Existe la percepción que poco importan las características ideológicas de los partidos políticos cuando se advierte que todos, sin excepción, lucran con las necesidades de los electores a cambio del voto, sin embargo, la población no identifica con claridad la perversidad de ese artilugio, de esa maquinación, porque le asigna mayor importancia a la ayuda que le ofrecen los candidatos de los partidos.
Ahora les venden un discurso político en el que asustan a la población de dejar de recibir los programas sociales reconocidos en la Constitución si votan por un candidato distinto del partido al que pertenece el Presidente de la República.
Si miramos al pasado, encontraremos que fue en el Gobierno de Luis Echeverría donde se establecieron políticas sociales como la creación del Infonavit y del Fonacot, se impulsó a las actividades agroindustriales con la creación del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fonafe), las ofertas educativas en todos los niveles, entre otros.
Cuando José López Portillo asumió la presidencia de la República en 1976, había una renovada preocupación por los problemas sociales y fue en este gobierno cuando se crearon detallados mapeos de zonas con mayor pobreza en el país para así poder brindar programas como IMSS – Coplamar y la creación del sistema de tiendas rurales Diconsa. Paradójicamente, a este periodo se le acusa de una corrupción brutal.
No todo pintó de la mejor manera porque las políticas aplicadas en la industria significaron el abandono del campo. Y fue así como la población rural se veía cada vez más empobrecida y migraron a las grandes ciudades (Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara) en busca de trabajo y mejoramiento del poder adquisitivo para satisfacer necesidades básicas.
La migración a las ciudades fue configurando los cinturones de miseria creados en zonas periféricas de las grandes urbes, sin servicios, alumbrado público, drenaje, agua potable, escuelas, seguridad ciudadana, transporte público, equipamiento urbano, banquetas, entre muchas otras carencias.
Todas estas necesidades han representado una maravillosa oportunidad de obtener votos en tiempos electorales. A los pobres les ofrecen servicios; a los marginados apoyos sociales; a los de clase media les ofrecen protegerlos de los pobres, quienes -al final de cuentas- son los que roban; a las madres solteras les ofrecen apoyos específicos para su condición; a los adultos mayores una pensión social que los ayude a enfrentar el día a día; a los jóvenes les ofrecen algunos otros como el Sembrando vida o Jóvenes Construyendo el Futuro; otros son incorporados como servidores de la nación. El voto ya no será suficiente, ahora tendrán que apoyar las marchas y “reclamos sociales” en el lugar, la hora y el día que determine la persona que los dirige.
En la psique de estos amplios sectores de la población las ayudas sociales representan la “institucionalización de los apoyos” (lavadoras, licuadoras, tostadoras, televisiones, radios, material de construcción, etc.) que les concedían los políticos de antaño cuando le pedían su voto, sin importar a qué partido político perteneciera el candidato.
Una interrogante válida es hasta cuándo, en la psique de estos sectores más vulnerables de la población, comprenderán que los recursos económicos que representan los programas sociales se obtienen del dinero público, más no de la bolsa, de los ahorros o del peculio de ningún político. Que tienen todo el derecho a recibir los beneficios de los programas sociales bajo la consideración que tienen la libertad de votar por quien les dé la gana.
Bienvenido todo gobierno que amplíe, refuerce e institucionalice los apoyos sociales a cambio de nada. Bienvenida la política social sin retribución; mal votados los que lucren con ella.
Liliana Baltazar Samayoa Pimentel
Psicóloga y abogada.
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