Introducción. En esta entrega quiero ofrecer a quienes me leen una pincelada sobre un área técnica con profundo rigor científico y poco atendida tanto en la práctica como en la vida académica, pero cuyo conocimiento en más de una ocasión aportaría elementos para determinar la situación jurídica de una persona con base en datos corroborables sobre su estado de salud mental. Se trata de la Psiquiatría Forense.
Psiquiatría y enfermedad mental. Es necesario iniciar por comentar que la Psiquiatría es una especialidad médica que tiene como objeto de estudio a la enfermedad mental y, por ende, atender desde su origen, sus efectos y hasta su tratamiento; si bien los síntomas que las enfermedades mentales presentan no inician con manifestaciones físicas, la afectación orgánica sí presenta, desafortunadamente, diagnósticos parciales que, a menudo, las hacen pasar por otro tipo de afectaciones a la salud. La importancia de la detección y atención de la enfermedad mental radica en que sus efectos alteran la espera psicofisiológica del ser humano. La salud es un todo que se debe proteger integralmente; la salud es un derecho y bien jurídicamente tutelado.
Persona con enfermedad mental. La identificación de la persona enferma siempre ha sido un tema de interés para la colectividad, desde el sistema económico de la comunidad primitiva donde se segregaba al enfermo que no podía trabajar en favor de todos, hasta la actualidad donde el estado de salud mental del individuo se hace de interés cuando no puede seguir trabajando o cuando ya es muy tarde porque nadie notó que estaba deprimido y se suicidó, por ilustrar con un ejemplo.
Psiquiatría y otras ciencias. Este no es el espacio, pero si el lector quiere seguirse adentrando, tendrá que seguir con diferenciar entre Psicología clínica, Neurología y Psiquiatría, para contar con la claridad de qué le corresponde atender a cada especialidad. Por otra parte, la propia Psiquiatría está estrechamente vinculada con la Psicología y con la Antropología.
Psiquiatría Forense. La Psiquiatría se vincula directamente con el Derecho Penal a través de su forma forense y se define como “la ciencia que usando los procedimientos y los conocimientos de la psiquiatría y de las neurociencias, trata de esclarecer los estados mentales de los individuos, según las necesidades de los sistemas jurídicos.” [1] Es decir, la aplicación de la Psiquiatría y ciencias estrechamente vinculadas con ella, a fin de determinar el estado de salud mental de los sujetos de derecho en situaciones determinadas.
La presencia de algún trastorno mental temporal o permanente, modifica (o debería modificar) la situación jurídica del sujeto activo de un delito; de la misma manera se verá modificada (o se debería ver modificada) la pena a la que sea acreedor, la forma en que habrá de cumplir con dicha pena, así como el lugar y el “tratamiento” que el Estado esté obligado a darle mientras cumple con ella, y procurando el respeto a sus derechos humanos y buscando su reinserción a la sociedad, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El párrafo anterior incluye dos “debería” porque en la realidad se han tenido noticias de enfermos mentales “no diagnosticados” o cuyo diagnóstico no modificó su situación durante el proceso penal y acaban recluidos en una institución penitenciaria -no en un centro especializado- donde el resto de la población ve en ellos, sujetos de abusos y vejaciones. Aun cuando algunos directores de instituciones penitenciarias conscientes de la situación han buscado, en la medida de sus posibilidades, reunir a la población con problemas de salud mental en un área específica y fijando algunos horarios que reduzcan la posibilidad de que coincidan con el resto de la población, frente a la sobrepoblación y las deficiencias arquitectónicas, es sumamente difícil la adecuada protección; en la misma ruta de la deficiencia se encuentra la atención psiquiátrica adecuada. Por si fuera poco, a lo antes descrito se suma el abandono de las familias, porque entre las personas privadas de la libertad, algunas de las más olvidadas son las personas con algún trastorno mental.
Desde que el estilo de “oferta de servicios” donde cada persona privada de la libertad decide si acepta o no la oferta del servicio de atención a la salud mental, entre otros; los efectos en su salud mental se ven agravados principalmente por la “contaminación carcelaria” o simplemente porque ni siquiera hay un psicólogo en la institución.
Las consideraciones sobre la salud mental del sujeto activo del delito de ninguna manera buscan impunidad o evitar a la justicia, únicamente permiten una individualización de la pena adecuada y respetuosa de los derechos tanto de la víctima como del imputado o, en su caso, los derechos de los que goce en cada etapa procesal.
Gracias por tomarte el tiempo de leer.
Cita.
[1] MICÓ CATALÁN, Francisco, “Psiquiatría forense en esquemas”, Colex, España, 1996. p.12.
Alberto Francisco Garduño
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Twitter: @albertofco9
