Por: Arturo Ángel
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó oficialmente al Gobierno de México el inicio del trámite de apertura de un caso en su contra por haberle negado a las víctimas el acceso a una investigación iniciada por posibles hechos de corrupción dentro del proceso que se siguió contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
La CIDH dio un plazo de tres meses a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para que responda formalmente a la demanda y, a partir de ello, se determinará la admisión del caso.
La determinación fue notificada a la organización no gubernamental especializada en temas de combate a la corrupción TOJIL la cual, con ayuda de la organización Due Process of Law Foundation (DPLF), presentó en 2020 el caso ante la comisión para solicitar su intervención y llevar a tribunales al Estado Mexicano.
Todo el tema deriva de una denuncia que las fundadoras de TOJIL, Estefanía Medina y Adriana Greaves, presentaron en 2018 ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras considerar que habían existido posibles actos de corrupción en la forma en cómo se resolvió el proceso abierto contra Javier Duarte.
Cabe recordar que Duarte terminó declarándose culpable luego de que la UIF y la entonces PGR aceptaron cambiarle el delito de delincuencia organizada por uno menos grave. Por ello se le impuso una pena reducida y no se le han iniciado otros procesos por corrupción. Sin embargo, el exgobernador de Veracruz denunció después que fue extorsionado.
Por tratarse de un tema de corrupción y obvio interés público la organización TOJIL, en representación de la sociedad civil, pidió a la FGR que se le reconociera el carácter de víctimas en el caso y con ello poder participar en la indagatoria. La fiscalía se negó por lo que tramitaron un amparo ante un juez federal quien resolvió que, en efecto, debería reconocérseles ese carácter de víctima.
Sin embargo, la FGR promovió un recurso en contra de la sentencia del juez y luego un tribunal, en una decisión dividida, revocó este reconocimiento dejando a las víctimas sin poder acceder al caso.
En ese contexto y al considerar que dicha determinación representa una violación grave a los derechos humanos TOJIL y DPLF presentaron en 2020 la queja ante la CIDH que ha comenzado a tener avances.
“De admitirse el caso y eventualmente llegar a sancionase al Estado mexicano, este sería un gran precedente para la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción en todo América Latina”, refirieron Adriana Greaves y Estefania Medina cofundadoras de la organización.
Comunicado completo:
***
