*Pese a que desde el inicio se conocía su ubicación de Moises Mansur, ni la FGR ni los gobiernos de EPN y AMLO aceleraron el trámite. Como resultado ya son más de 7 años y medio sin extradición, sin juicio y con impunidad.
Por. Arturo Angel
La Fiscalía General de la República (FGR) y las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador se tardaron cuatro años en solicitar al gobierno de Canadá la extradición del empresario Moisés Mansur Cisneyros, prestanombres clave en el millonario desvío de recursos por el que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue condenado desde 2018.
Lo anterior pese a que desde el libramiento de la orden de aprehensión en su contra en 2016 las autoridades federales ya conocían que dicho empresario se había desplazado junto con su familia a dicho país. Hasta la fecha, nuestro país no ha conseguido que Canadá autorice su entrega.
Datos oficiales a los que tuvo acceso este medio a través de una solicitud de transparencia muestran que la extradición de Mansur Cisneyros se solicitó formalmente a través de nota diplomática enviada a Canadá hasta el 22 de septiembre de 2020. Fueron exactamente 47 meses después de la orden de aprehensión girada en su contra.
El empresario no es un personaje menor en la trama de corrupción que dejó casi n la quiebra a Veracruz. De acuerdo con las investigaciones federales Mansur coordinó los movimientos y triangulaciones de los recursos del erario que se extrajeron a cuentas de empresas fantasma, y además sirvió de fachada para la adquisición de propiedades y costear otros gastos no solo de Duarte, sin de su entonces esposa Karime Macías.
De hecho, una de las razones por las cuales la FGR (antes PGR) aceptó conceder un criterio de oportunidad a uno de los principales operadores de los millonarios desvíos, el extesorero del estado de Veracruz en el gobierno de Duarte, Antonio Tarek Abdalá, fue justamente para que testificara en el eventual juicio en contra de Mansur.
La orden de aprehensión en contra de Moisés Mansur por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita se giró desde el 19 de octubre de 2016. La misma orden de aprehensión se giró en contra de Javier Duarte. Según la acusación, tanto Duarte como Mansur habían adquirido terrenos en Campeche y otras propiedades con recursos desviados de la tesorería de Veracruz.
Desde ese momento el gobierno federal ya sabía que Mansur se encontraba en Canadá. Había salido del país unas semanas antes de forma legal como constaba en los registros migratorios. Su ubicación, como confirmaron fuentes federales en su momento a este reportero, no era ningún secreto para los agentes federales que incluso contaban con fotografías de él y su familia.
En 2017 el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, viajó i a Canadá para entrevistarse con Mansur y solicitarle que devolviera algunas propiedades y accediera a aportar información y convertirse en testigo en contra de Duarte. Mansur solo accedió a lo primero, pero jamás quiso cooperar con las autoridades federales.
Sin embargo, el sexenio de Peña Nieto concluyó sin que se presentara la referida solicitud de extradición. Los esfuerzos se concentraron en Javier Duarte con quien se negoció una pena reducida a cambio de que se declarara culpable y evitar el juicio.
Tras el cambio de gobierno la situación tampoco cobró velocidad, pues de acuerdo con lo informado por la SRE en respuesta a la solicitud de transparencia folio 330026823002083, fue hasta el 22 de septiembre de 2020 cuando se presentó a Canadá la nota diplomática con el requerimiento de extradición de Mansur Cisneyros. Es decir, casi dos años después de iniciada la administración de López Obrador.
La mano derecha de Duarte
De acuerdo con la respuesta de la SRE al menos hasta agosto pasado el gobierno de Canadá no había respondido favorablemente a la petición de extradición de Cisneyros. “Este dependencia del Ejecutivo Federal tiene conocimiento de que la petición formal de extradición internacional formulada en contra de Moisés Mansur Cisneyros se encuentra en estudio ante las autoridades canadienses”, dice en su oficio la cancillería.
En suma, desde el momento en que se giró la orden de arresto en contra de Mansur hasta la fecha han transcurrido ya siete años y medio sin que esta persona pueda ser llevado ante tribunales.
De acuerdo con lo que se expuso durante el proceso penal que se llevó contra Duarte el rol de Mansur fue mayúsculo en la trama de corrupción y desvíos. Las declaraciones de testigos colaboradores como el que fuera tesorero del estado, Antonio Tarek Abdalá, o el abogado fiscalista que llevó operaciones del grupo, Juan José Janeiro, coinciden en señalar que el empresario estaba detrás de la organización de los recursos robados del erario.
Janeiro relató, por ejemplo, como Mansur y su equipo emplearon un software para monitorear cada una de las transferencias de recursos públicos que se extraían de Veracruz y su destino hacia las empresas fantasma. Pagos que en muchos casos se hicieron sin que existiera, siquiera, un procedimiento de licitación en curso.
Las investigaciones también evidenciaron que Mansur firmó un testamento desde 2006 en el que se estableció que, en caso de su fallecimiento, Duarte heredaría por lo menos tres propiedades que, se presume, también fueron adquiridos a través de recursos públicos.
Trabajos de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) detectaron, por su parte, que Mansur costeó los gastos que Macías realizó con una tarjeta de crédito American Express en los Estados Unidos. También adquirió propiedades en Estados Unidos y España en su papel de posible prestanombres, y fungió como socio de empresas a través de las cuales se encubrió la adquisición de inmuebles.
Además del caso original en su contra que motivó la ya mencionada orden de arresto, la UIF denunció a Mansur Cisneyros junto con Karime Macías como parte de un entramado de lavado de dinero a través del se sustrajeron múltiples recursos locales y federales del estado de Veracruz a través de amplias redes de empresas fachada.
¿Incompetencia o complicidad?
Mansur Cisneyros salió de México unas semanas antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, lo hizo tras ser advertido por las propias autoridades de que existían indagatorias en su contra que derivaron en la orden de arresto.
La defensa del empresario está cargo de los abogados del despacho “García González y Barradas”, quienes en un principio también fueron abogados de Duarte. El despacho es encabezado por los abogados Roberto García González y Guillermo Barradas Cendón quienes, desde hace varios años, han tenido relación de amistad y también corporativa con Julio Scherer, consejero jurídico del presidente López Obrador en la primera parte del actual sexenio.
Los referidos abogados se encuentran desde el año pasado bajo investigación de la FGR por, presuntamente, haber sido parte de una red de corrupción y tráfico de influencias con la supuesta complicidad del propio Scherer. Se les implica, en concreto, en el caso Cruz Azul donde uno de los implicados, el abogado Angel Junquera, señala que fue extorsionado por los ltigantes a cambio de acceder a supuestos beneficios legales.
En marzo de 2020 un medio canadiense dio a conocer que el gobierno de ese país había determinado que no era procedente una solicitud de asilo político promovida por Mansur. Sin embargo, para ese momento ni la FGR ni el gobierno actual habían promovido todavía la solicitud de extradición en su contra.
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