Por: Arturo Angel
Un juez federal de la Ciudad de México cerró de forma definitiva el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) intentó promover en contra del abogado Oscar Zamudio Campos, luego de que este denunció al titular de esa institución, Alejandro Gertz Manero, de maltratos y tortura en agravio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
La FGR sostenía que Zamudio había incurrido en un delito al, supuestamente, alegar hechos falsos e incriminar a Gertz en unos maltratos que no habrían ocurrido. La institución no solo desechó la denuncia del abogado, sino que terminó yéndose en su contra.
Sin embargo, en una audiencia realizada ayer el juez federal Roberto Posán Tornero ordenó la cancelación de este proceso (sobreseimiento) al concluir que el delito que se imputaba a Zamudio jamás existió. Dicha resolución tiene el efecto de una sentencia absolutoria y da por concluido el asunto.
Esta decisión viene precedida de un amparo en favor del abogado, ratificado de forma unánime por un Tribunal Colegiado, en contra del auto de vinculación a proceso que un primer juez sí había dictado en contra de Zamudio el 8 de agosto de 2023 al considerar que la imputación inicial de la fiscalía era correcta.
El juez de amparo y los magistrados que revisaron el caso coincidieron en que su colega, el juez José Rivas González, no debió haber dado por bueno un caso que carecía de lógica y tergiversaba hechos que no ocurrieron de la forma en que la fiscalía los planteó.
Todo el tema inició por la denuncia de Zamudio en contra de varias autoridades de la FGR a las que acusaba de haber presionado, maltratado y torturado a Lozoya para que renunciara a su defensa original y emitiera denuncias en contra de varias personas por hechos falsos.
A partir de esas denuncias la FGR impulsó un proceso en contra de Carlos Treviño, otro exdirector de Pemex, quien es representado por Zamudio. De ahí que Treviño y su defensa consideraron que eran víctimas indirectas de la presunta tortura en agravio de Lozoya.
No existió el delito
En la audiencia de ayer y siguiendo los lineamientos de las sentencias de amparo el juez Posán Tornero concluyó que no era cierto que Zamudio hubiera denunciado hechos que el supiera de antemano que eran falsos, como aseveró la FGR y dio por válido el juez original que revisó el caso.
Esto ya que la denuncia de Zamudio en contra de Gertz Manero y otros funcionarios data de julio de 2022 y fue hasta diciembre de ese mismo año, seis meses después, cuando los fiscales tomaron declaración a Lozoya quien refirió que dicha tortura no había existido.
La cronología de estos hechos deja en claro que la denuncia detonó una breve investigación que derivó en la toma de declaración de Lozoya donde niega los hechos. Por ende, no es cierto que el abogado supiera “de antemano” o “a sabiendas” que lo que denunciaba era falso.
El juez reiteró que de lo presentado por la FGR no se advierte dato alguno que lleve a concluir que el abogado de Treviño conociera que la presunta tortura a Lozoya no existió.
En ese contexto, y como se instruyó en el amparo, el juez decretó el sobreseimiento de la causa penal con efectos absolutorios, lo que significa no solo el cierre del proceso sino de la investigación completa a cargo de la fiscalía pues versan sobre hechos que no representan delito alguno.
¿Y qué sigue ahora?
Desde finales del 2022 la FGR dio por cerrada la carpeta de investigación que inició por la presunta tortura en agravio de Emilio Lozoya Austin, que fue denunciada por Zamudio. La determinación tomada ayer no altera el hecho de que ese caso también se considera prácticamente cerrado.
En entrevista con este medio Zamudio consideró que, de forma independiente al destino que tuvo su denuncia, las irregularidades en torno a la forma en como la FGR ha llevado el asunto de Lozoya pesarán sobre los resultados finales de esas indagatorias.
El litigante lamentó que la fiscalía no haya tomado con la seriedad suficiente el caso y no haya seguido el protocolo internacional para esclarecer si realmente existió o no tortura. Y no solo eso sino que se hayan ido en contra del denunciante, algo que considera que se ha vuelto una mala práctica en la actual FGR.
“Me quedo con mayor consciencia de que ejercer la abogacía en México puede conllevar riesgos similares al periodismo porque finalmente a abogados y periodistas nos une la búsqueda de la verdad. Y me quedo con la confianza de que el Poder Judicial de la Federación como órgano de revisión constitucional funciona y me protegió de lo que considero un abuso de poder”, señaló.
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