Por: Arturo Ángel
Transcurrió una nueva semana sin que el gobierno federal haya aceptado el pago de los 10.7 millones de dólares con el que Emilio Lozoya y sus abogados pretenden que se suspendan simultáneamente los procesos penales abiertos en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Aunque el pasado fin de semana los abogados del exdirector de Pemex emitieron un comunicado en el que sostenían que ya se había aceptado la referida propuesta desde hace más año, autoridades federales aclararon a este medio que no existe luz verde para proceder por esa vía.
La decisión recae, por ahora, en dos instancias de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por un lado, la Unidad de Inteligente Financiera de Hacienda que es quien denunció el posible lavado de dinero de Lozoya. Por el otro Petróleos Mexicanos (Pemex) que es la instancia que adjudicó los contratos como resultado de los sobornos que Lozoya recibió y sufrió los perjuicios económicos.
En el caso de la UIF autoridades de dicha dependencia indicaron que no hay ningún tipo de reunión programada con los abogados de Lozoya para dialogar sobre algún acuerdo.
En el caso de Pemex los funcionarios consultados por este medio indicaron que tampoco hay luz verde pues consideran que el perjuicio económico por las acciones de Lozoya es mucho mayor a lo que el ofrece. Notitia Criminis publicó esta semana que, tan solo en el caso Agronitrogenados, la empresa petrolera del Estado tuvo que invertir más de 550 millones de dólares para sacar adelante la planta de fertilizantes debido a las pésimas condiciones en que se encontraba.
Por otro lado, fuentes de la defensa de Lozoya indicaron a Notitia Criminis que continúan en la espera de la reunión para la firma del acuerdo reparatorio por los 10.7 millones de dólares que -dicen- es lo procedente según los peritajes y que el Consejo de Administración de Pemex ya había aceptado hace más de un año.
Sobre esta misma situación en la Fiscalía General de la República señalaron que, de no concretarse salida alterna alguna, ellos ya están listos para ir a juicio en ambos casos, pues consideran que Emilio Lozoya es culpable de diversos delitos que ameritarían una pena superior al medio siglo de prisión.
La organización no gubernamental especializada en temas de corrupción, TOJIL, realizó un análisis técnico-jurídico del caso y concluye que debido a las características de los delitos que se imputan al exdirector de Pemex y la gravedad de los hechos de corrupción en los que está implicado no sería procedente una salida alterna distinta a un juicio.
Mientras los días transcurren Emilio Lozoya permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Norte.
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