Por: Arturo Ángel
La operación relacionada con la venta de un edificio en 2015 en Querétaro, de la cual se desprende la acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra del abogado Juan Collado Mocelo y el representante legal de su empresa Isaac Rodríguez Gálvez en realidad… no fue ilegal.
Así lo reconoció la propia Fiscalía General de la República al cerrar una indagatoria paralela que había abierto por los mismos hechos en el estado de Querétaro, y en la que concluyó que no hay evidencia de que los recursos destinados para la adquisición del inmueble tuvieran un origen ilícito, ni de que se hubieran burlado las normas vigentes.
El documento en el que los fiscales determinan el no ejercicio de la acción penal – y del cual Notitia Criminis tiene copia íntegra – concluye, tras un análisis detallado, que no es posible establecer ni siquiera de forma preliminar que detrás de estas operaciones se hubiera cometido un delito. O al menos no en cuanto a la venta de una propiedad y la fuente de los recursos utilizados por la compañía de Collado y Rodríguez para lograrlo.
La indagatoria federal se inició luego de que la Fiscalía General de Justicia de Querétaro le remitiera a la FGR los datos de una investigación que había iniciado por su cuenta, tras la denuncia de un exsocio de la compañía que era dueña del edificio antes de que este fuera vendido a la empresa de Collado (Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V). Las autoridades estatales consideraron que era necesario que, desde la perspectiva federal, se revisara si no se acreditaba algún ilícito.
Al llevar a cabo la indagatoria (asentada bajo la carpeta de investigación FED/QRO/QRO/0000348/2020) los fiscales de la FGR en Querétaro verificaron que, en efecto, la persona que denunció el caso – Jesús Guevara Aguilar – era accionista de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., la cual ostentaba la propiedad del edifico denominado “Centro Sur”.
Sin embargo, previo a que se realizara dicha venta hubo una asamblea de socios donde las acciones de Guevara y de otra persona identificada como Guadalupe Aboites fueron vendidas en su totalidad a dos nuevos socios: José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.
Cárdenas Rico le otorgó un poder a una persona de nombre José Antonio Vargas Hernández, la cual realizó la operación de compra-venta del inmueble con Isaac Rodríguez, este último en calidad de apoderado legal de Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V. (Caja Libertad). El monto total de la operación fue de 156 millones de pesos.
Los fiscales verificaron que todas estas operaciones, tanto las que realizó previamente Operadora de Inmuebles del Centro S.A. de C.V., para hacerse del complejo, así como las que luego derivaron en su venta a Caja Libertad fueron reportadas ante las autoridades hacendarias, se pagaron los impuestos correspondientes, y las cuentas bancarias fueron las autorizaras e identificadas por las partes.
“La información enviada por la Comisión Nacional Bancara y de Valores acredita que el dinero empleado en estas operaciones proviene de una cuenta bancaria, misma que es totalmente comprobable por las autoridades fiscales del país (…) en consecuencia no se puede presumir en ningún momento que los recursos provengan de actividades ilícitas. No existen imputaciones. Ni de particulares ni de oficiales al respecto”, dice la resolución de la Fiscalía.
¿Y qué pasa con Collado?
Antes de la investigación de 2020 la Fiscalía General de la República inició en 2019 una primera carpeta de investigación por separado desde la Ciudad de México en contra de Juan Collado y su empresa por los supuestos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho caso fue judicializado y provocó que el empresario y abogado fuera encarcelado de forma preventiva en el Reclusorio Norte, donde permanece hasta ahora, y que se girara una orden de aprehensión en contra de Isaac Rodríguez Gálvez en su calidad de representante legal de la empresa Libertad Servicios Financieros S.A. de C.V.
Pero el origen de esa indagatoria era el mismo que el de la investigación de la fiscalía en Querétaro: una denuncia presentada a nivel local por un presunto fraude en la venta del inmueble Centro Sur el cual fue adquirido por la empresa Libertad.
Es decir, un año después del encarcelamiento de Collado la FGR reconoció en las operaciones inmobiliarias supuestamente ilegales en las cuales se involucró a su empresa realmente no lo eran.
Lo anterior, de acuerdo con expertos penalistas consultados por este portal, podría dar paso a una solicitud de parte de la defensa de sobreseimiento del caso bajo la premisa de que los mismos hechos que dieron paso al proceso penal en contra de Collado y Rodríguez a fueron desestimados en una indagatoria distinta en el mismo fuero federal.
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