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Por temor a Gertz, abogados dejan sin apoyo ni recursos a familia Cuevas

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Especial

*Necesitan litigantes que los patrocinen en juicio sucesorios. El fiscal le debe a Laura Morán más de millón y medio de pesos tan solo en pensiones ilegalmente retenidas.

Por: Arturo Ángel

La situación de Alejandra Cuevas y su madre Laura Moran es crítica. Aun cuando lograron recuperar su libertad luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación las absolvió del proceso por homicidio impulsado en su contra por el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, el daño que les fue causado no ha sido reparado.

Y es que, desde octubre de 2020, Laura no recibe la pensión de 50 mil pesos mensuales a la que tiene derecho, según lo estipulado en el testamento del que fuera su pareja durante casi medio siglo, Federico Gertz. El hermano de este último, Alejandro Gertz, decidió cortarles ese apoyo sin que, hasta la fecha, se los haya devuelto.

El titular de la FGR también retuvo el pago de la renta de un inmueble cuyo usufructo le corresponde a Morán según el testamento referido. La señora, quien ya tiene 96 años de edad, padece enfermedades crónicas, no puede trabajar y sobrevive con lo que Alejandra le proporciona, pues sus otros dos hijos tampoco la apoyan.

En el papel lo que hace Alejandro Gertz es ilegal, pues él tiene la calidad de albacea en el testamento de su hermano y, como tal, la obligación de cumplir con dichas disposiciones. Mas aun cuando desde 2022 quedo claro que ni Laura ni Alejandra tuvieron responsabilidad alguna en la muerte de Federico Gertz.

El problema es que para obligarlo a cumplir se requiere de un juicio sucesorio y, por ende, de un abogado civil que represente a Laura Morán. Pero ningún litigante serio quiere hacerlo, como lo confirmó en entrevista con Notitia Criminis la propia Alejandra Cuevas.

“Hemos contactado con varios de los despachos de abogados más importantes del país, pero nadie nos quiere ayudar. Ni siquiera es un tema de recursos. Es que le tienen miedo a Gertz. En el mejor de los casos nos piden que esperemos a que cambie el sexenio, a que él se vaya, pero mi madre ya tiene 96 años, ella no puede esperar más tiempo”, dijo Cuevas en un tono desesperado.

La posibilidad de recurrir a un abogado de oficio en el Instituto de la Defensoría Pública local tampoco es opción para Cuevas y su madre, pues dicho instituto depende justamente de las autoridades de la Ciudad de México, las mismas que fueron co-participes en la persecución penal en contra de ellas, en aparente complicidad con el fiscal Gertz Manero.

En su resolución, los ministros de la Suprema Corte concluyeron de forma unánime que los jueces de la capital habían procesado a Laura y a Alejandra con criterios misóginos y aplicando figuras delictivas inexistentes.

En ese contexto las dos mujeres buscaron el apoyo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Como este medio publicó en esta nota, desde el pasado 25 de abril Alejandra Cuevas le envió al presidente del Colegio, Arturo Pueblita Fernández, un oficio en el que le revelan las dificultades para encontrar un abogado tras haber consultado con, al menos, ocho despachos. Por ello le solicitaron el apoyo de dicho organismo para que designe un abogado que les ayude.

Sin embargo, Cuevas dijo que, hasta la fecha, tampoco han recibido respuesta de dicho Colegio, ni siquiera para indicarles que estarían revisando su caso. Algunas fuentes les han indiciado, de forma extraoficial, que por razones similares a la de los despachos dicho Colegio tampoco quiere involucrarse en el caso.

Consultado sobre ello por Notitia Criminis, Pueblita confirmó que no le han dado respuesta a Cuevas, pero sostuvo que ello se debe a que siguen con el análisis del caso, el cual se retrasó como resultado de procesos de reorganización en los que estaba inmerso el referido Colegio.

“El asunto no es simple, pues no se trata de un asunto para el bufete jurídico social, pues en esos asuntos se auxilia a aquellas personas que no pueden pagar a un abogado. Pero nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a quien nos lo solicite”, dijo el presidente del Ilustre colegio a este medio.

Nuestra situación es desesperada

Alejandra Cuevas explicó que el acceso que reclaman a la pensión mensual y al usufructo de la casa no solo lo hacen porque es su derecho, sino también porque se encuentran en una situación económica desesperada tras los costos y daños que les dejó la ofensiva penal injustificada de Gertz Manero.

De hecho, recordaron que durante ese proceso Moran tuvo que entregarle a Gertz más de 3.5 millones de pesos de una cuenta bancaria, en un intento porque este cesara con las presiones en contra de ella y de su familia. Dinero que consideran que también les debe ser devuelto.

“La gente piensa que luego de que yo salí de la cárcel y que se cancelaron los procesos para mí y mi madre ya estaríamos perfecto, pero no es así. Por el contrario, todo ha sido mucho más difícil. Alejandro denunció a mis hijos de supuesta extorsión, tenemos que vivir con el miedo de las venganzas de este señor, pero además ahorcados económicamente”, dijo.

Alejandra explica que la situación es aún más complicada debido a que sus dos hermanos, María Laura Guadalupe y José Rafael Cuevas Morán, se han desentendido de prestar cualquier tipo de apoyo económico de su madre Laura Morán, dejando en las manos de Alejandra y de sus hijos la manutención y soporte de la señora que requiere, entre otras cosas, el apoyo de enfermeras las 24 horas.

Lo anterior orilló a Laura Morán a presentar a través de la vía civil una demanda de pensión alimenticia ante un juez de lo familiar en contra de sus dos hijos, bajo la base de que ella “es una señora de avanzada edad, actualmente desempleada e imposibilitada físicamente para poder trabajar formalmente”.

En ese contexto Alejandra lamentó no solo que su madre y ella hayan tenido que atravesar una ofensiva penal que como la Corte determinó fue injustificada y violatoria de derechos fundamentales, sino que además, ahora, enfrenten por un lado el abandono económico de sus hermanos, y por otro el abandono de abogados que las quieran representar para recuperar los recursos que, por derecho, les corresponden.

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