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Presentan recurso vs “exoneración” de Lozoya; advierten a juez que es ilegal liberarlo sin juicio

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Pemex

Por: Arturo Angel

La organización no gubernamental especializada en combate a la corrupción, TOJIL, presentó ante el juez federal responsable de los procesos abiertos contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un escrito en el que le solicita desestimar cualquier salida alterna para el exfuncionario al considerar que las características de ambos casos hacen que sea improcedente.

Incluso, en su análisis de 16 páginas presentado bajo la figura del “amicus curiae”, las abogadas de la organización advierten al juez Gerardo Alarcón López que el mismo podría incurrir en responsabilidades administrativas y legales si avala la concesión a Lozoya del acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad que está buscando.

“Los delitos y particularidades de las presentes causas penales no actualizan ninguno de los supuestos de procedencia de las dos figuras aludidas. Por ende, permitir la celebración o aplicación de cualquiera de dichas figuras implicaría actuar flagrantemente en contravención de la legislación penal. En consecuencia, se actualizaría un supuesto de notoria ineptitud o descuido en el actuar judicial que ameritaría una sanción administrativa”, señala el escrito.

Como se recordará, Emilio Lozoya se encuentra actualmente procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de haber recibido más de diez millones de dólares en sobornos de parte de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.

Por dichos cargos la FGR ha pedido que se le imponga a Lozoya una sentencia condenatoria superior a los 60 años de cárcel, más el pago de multas millonarias. En el caso Odebrecht el juez ya dio luz verde para que el caso avance a juicio.

El proceso lleva detenido varios meses luego de que la defensa del exdirector de Pemex ha argumentado que negocia con el gobierno tanto un criterio de oportunidad, así como un acuerdo reparatorio, que deriven en la suspensión de ambos procesos. Esto no se ha concretado debido, entre otras cosas, a que el gobierno a través de Pemex y la UIF consideran que el monto que ofrece Lozoya (unos 200 millones de pesos) es insuficiente.

Pero TOJIL argumenta que independientemente de cualquier monto, el marco legal existente hace improcedente que se le otorgue al exfuncionario este tipo de beneficios. Y para ello presenta un análisis técnico jurídico donde desglosa distintas razones por las cuales concluyen que sería incluso ilegal y perjudicial para la sociedad que se adopte una salida de esta forma.

Entre esas razones se encuentra, por ejemplo, que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales la aplicación de criterios de oportunidad es improcedente cuando se trata de casos que afectan gravemente el interés público, situación que se presenta claramente en el asunto de Odebrecht, uno de los escándalos mas graves de corrupción de la última década.

Además, las abogadas Estefanía Medina y Adriana Greaves argumentan que los ilícitos que se le imputan a Lozoya no son patrimoniales, no se persiguen por querella, y no admiten perdón, por lo cual un acuerdo también resulta improcedente.

Y en el caso específico del tema Odebrecht, las abogadas recordaron que incluso ya se dictó un auto de apertura a juicio oral, lo que de acuerdo con la ley ya hace improcedente cualquier salida alterna al caso pues este debe dirimirse en juicio.

¿Qué dice Lozoya?

Hasta ahora, la defensa de Emilio Lozoya que encabezan los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda ha insistido que las salidas alternas al caso son procedentes bajo dos principios: que su cliente ha aportado datos y denuncias de hechos delictivos más graves, y que está de acuerdo a cubrir el momento de reparación del daño establecido en peritajes.

En ese contexto han publicado diversos comunicados en los que le piden al presidente López Obrador que de instrucciones para que se puedan firmar ya los acuerdos correspondientes. Sin embargo, hasta ahora esto no se ha concretado.

El juez dio de plazo a las partes hasta el mes de agosto para que se presenta una decisión final al respecto a partir de la cual ñél pueda proceder con su análisis. En caso de no llegar a un acuerdo, les ha insistido en la necesidad de avanzar ya al juicio.

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