Por: Arturo Angel
La extradición de Karime Macías Tubilla, implicada en los millonarios desvíos de recursos públicos a empresas fantasma en Veracruz durante el gobierno de su exesposo Javier Duarte, se le complicó a México.
Pese a que desde febrero de 2022 un juez del Reino Unido autorizó su entrega a nuestro país tras un largo y complicado proceso diplomático y judicial, y a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que su gobierno estaba haciendo las gestiones necesarias, la realidad es que Macías logró promover otro procedimiento en el que México no tiene injerencia y que ha frenado indefinidamente su entrega.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó lo anterior en respuesta a una solicitud de transparencia promovida por este medio en la que se preguntó las razones oficiales por las cuales la exesposa de Javier Duarte y exdirectora del DIF de Veracruz no ha sido entregada a las autoridades de nuestro país.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos informó que las autoridades británicas han señalado al Gobierno de México que la señora Karime Macías Tubilla se encuentra sujeta a un asunto legal separado y fuera del proceso de extradición, el cual, según la ley del Reino Unido, debe resolverse antes de que pueda llevarse a cabo la extradición” indica la cancillería en su oficio UDT-6773/2023.
Y respecto a los plazos agrega: “las autoridades británicas han señalado que no les es posible brindar un plazo definitivo para resolver el mismo y que éste podría tomar una cantidad significativa de meses para que llegue a su conclusión”.
Relaciones Exteriores no detalló que tipo de procedimiento legal está pendiente de resolverse en el caso de Macías. No obstante, con anterioridad sus abogados habían referido que presentaron una solicitud de asilo político. Sobre este punto la dependencia dijo que no ha sido notificada de un procedimiento de esas características.
Mientras Macías no logre ser extraditada el proceso penal en nuestro país no puede avanzar. La orden de aprehensión que se giró en su contra data de mayo de 2018, hace más de cinco años, luego de que un juez penal la autorizó a petición de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, por el presunto el desvío de más de cien millones de pesos hacia una red de empresas fantasma.
Extradición tortuosa
Fue la propia SRE la que dio a conocer en un comunicado oficial publicado el 17 de febrero de 2022 que el Juez de Distrito y Presidente de la Corte de Magistrados de Londres,, Paul Goldspring, había autorizado la entrega de Macías con apego a los lineamientos del tratado bilateral de extradición entre ambos países.
Incluso la dependencia agradeció al equipo de abogados que representaron a México en dicho procedimiento encabezado por el litigante Mark Summers. Destacó, a su vez, la “excelente colaboración” entre las autoridades británicas y mexicanas.
Sin embargo, el procedimiento de extradición – que como ya vimos no se ha completado – ha estado lleno de complicaciones. Tan solo entre la fecha en que se giró la orden de aprehensión y la decisión del juez ingles pasaron cuatro años. Lo anterior debido a los fallos en la integración de la información requerida por el Reino Unido.
La Fiscalía General de Justicia de Veracruz, junto con la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera trabajaron para completar los datos y evidencias requeridos por el Reino Unido. Relaciones exteriores dijo – en la respuesta a la solicitud presentada por este medio – que apoyó este trabajo transmitiendo los requerimientos hechos por los británicos y la respuesta a estos.
Tras conseguirse la luz verde del juez Goldspring la SRE dijo en su comunicado que estarían atentos a la posible apelación que presentarían los defensores de la exesposa de Duarte. Pero en la respuesta a la solicitud enviada la Cancillería señaló que sus abogados no presentaron ninguna acción en contra de esta, sino que optaron por otra vía.
Los pendientes de Macías
El caso por el cual se solicitó la extradición de Macías está relacionado con el millonario desvío de recursos públicos a una red de empresas fantasma que fue revelado en reportajes publicados en 2016 y 2017 por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El trabajo periodístico probó que tan solo desde el DIF de Veracruz, con Macías al frente, fueron enviados a las empresas fachada más de 400 millones de pesos en contratos simulados. La acusación que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz presentó para obtener la orden de aprehensión fue solo por la cuarta parte de ese monto.
En 2020 se giró una segunda orden de aprehensión en contra de Macías, pero esta a nivel federal por una presunta defraudación fiscal superior a los dos millones de pesos. No obstante, esta no fue incluida en la solicitud de extradición ya que no existe un ilícito similar en el Reino Unido.
Sumado a eso tanto la Fiscalía de Veracruz como la FGR tienen abiertas por lo menos dos carpetas de investigación más por presuntas operaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y otros hechos de corrupción como enriquecimiento ilícito, a partir de las denuncias que la UIF presentó en su contra por triangulaciones y operaciones financieras injustificables.
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