Por Benjamín Canela Manzo
En nuestro México contemporáneo y en nuestro Sistema de Justicia, el Derecho Penal ha tenido varias adecuaciones, se han cambiado códigos, leyes hasta la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio que a todas luces ha resultado un terrible fracaso, los Ministerios Públicos desconocen la materia su poco estudio y expertis los lleva a la impunidad ya que la víctima no es apoyada ni defendida conforme a derecho, el primero en violar sus Derechos Humanos es el Ministerio Público ya que una de sus principales irregularidades es la falta de aplicación de la ley de víctimas. Audiencias donde por derecho y seguridad de la víctima no debe de presentarse, el Ministerio Público las obliga a asistir por su falta de conocimiento de las leyes aplicables al Nuevo Sistema Penal.
Pero qué pasa cuando nuestro Derecho Penal se enfrenta a una conducta antisocial donde el agraviado es una persona que pertenece a un sector religioso, político, empresarial, todo cambia, el trato es diferente, desde el Ministerio Público hasta los Jueces del orden criminal toman una forma de actuar diferente ya que las presiones eclesiásticas periodísticas y políticas predominan ante las autoridades correspondientes.
Podemos citar como ejemplo el homicidio de los dos sacerdotes franciscanos que desgraciadamente perdieron la vida por la terrible delincuencia que estamos viviendo y padeciendo, si bien es cierto es un acto deleznable y dantesco pero en este momento todos los días hay feminicidios, desapariciones, homicidios y esto se convirtió en noticias cotidianas pero cuando privaron de la vida a estos dos integrantes de la iglesia católica el trato y la investigación son muy diferente ya que cuando privan de la vida a una persona que pertenece a un sector religioso, podríamos decir que las autoridades actúan de una manera más cuidadosa y profesional? La misma autoridad Ministerial y Judicial viola los Derechos Humanos cometen actos de discriminación ante los homicidios o feminicidios de otros seres humanos. Hasta donde podemos confiar en las autoridades ministeriales y judiciales? Creo que el poder judicial y el fiscal general tendrían que realizar acciones urgentes para respetar la dignidad humana y la vida de los seres humanos sin denostar ni realizar conductas de discriminación tanto al momento de investigar como al momento de juzgar estamos viviendo momentos de cambios sociales, políticos e ideológicos tenemos que ser congruentes y solidarios con todos los seres humanos dar un trato igual a todos sin importar ideología posición social etc.
Inclusive hablando sobre la decisión sobre qué delitos perseguir, el sistema decide qué víctimas proteger. Al dejar fuera los intereses de ciertas víctimas, el proceso penal puede tener resultados discriminatorios. Específicamente, esto lo podemos ver cuando a un grupo determinado de personas les es negado el acceso al sistema o a una defensa. Encontramos por lo menos tres supuestos en que esto sucede:
Primero, a algunas víctimas se les niega el acceso por encontrarse en los supuestos de criminalización. Es decir, la ley penal no las protege por haber cometido una conducta considerada ilícita. Tal es el caso de los migrantes, las/los sexoservidoras, los usuarios de drogas y los presos. En el caso de los migrantes, por ejemplo, es difícil pensar que un migrante acuda a la policía en caso de que se cometa un delito en su contra, pues hacerlo implicaría ponerse en riesgo de ser deportado. Lo mismo sucede con una sexoservidora que es abusada sexualmente o un usuario de narcóticos a quien se le vende un producto adulterado o de mala calidad. En estos tres casos la ley penal los excluye de tener acceso al sistema de protección legal.
En el caso de los presos, también es común que éstos no puedan acceder a mecanismos de protección en caso de abusos por parte de las autoridades penitenciarias (o incluso de otros presos) por encontrarse en una situación de desigualdad extrema frente a la autoridad.
Algunas víctimas son excluidas del acceso al sistema por su condición social, por los rasgos o características que les son propias. En estos casos es común que el sistema sea insensible a los reclamos que las víctimas hacen, por considerarlos menos importantes. Tal es el caso de los indígenas y de las mujeres.
Podemos concluir que nuestro Sistema Penal, a pesar de todos los intentos por llegar a la justicia sigue teniendo muchas deficiencias, y que todas las reformas y sistemas que se han implementado se han quedado sólo en buenas intenciones, ya que realmente no se ha resuelto nada, podemos ver que no tenemos un sistema penal que defienda a la víctima como tal y le dé prioridad a sus Derechos Humanos.
Benjamín Canela Manzo
Catedrático de la Facultad de Derecho por la UNAM con 19 años de antigüedad académica, especialista en Juicio de Amparo, imparte cátedras de Derecho penal militar y Derecho administrativo. Y ha impartido clases en el Consejo de la Judicatura Federal en el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General de la CDMX.
