Por: Arturo Ángel
A casi cuatro años de su creación la Guardia Nacional (GN) no ha reclutado ni un solo policía civil. El cien por ciento de sus “nuevos efectivos” son, en realidad, militares de la Secretaría de la Defensa Nacional que fueron reclutados por dicha dependencia, y que cobran justamente en las nóminas del Ejército.
De acuerdo con datos oficiales, en números cerrados la Guardia Nacional cuenta actualmente con 107 mil efectivos. De todos ellos, los únicos civiles son un grupo de 20 mil elementos heredados de la extinta Policía Federal, y que fueron transferidos a la nueva fuerza cuando esta asumió sus funciones.
En un inicio dicho grupo de exfederales era de casi 30 mil efectivos, pero desde 2021 el Gobierno de México puso en marcha una estrategia para ir depurándolos y sacándolos de la Guardia Nacional, siguiendo los planes que la Sedena ya tenía para, tarde o temprano, absorber la corporación.
Los otros 83 mil elementos de la Guardia son militares. De ellos hay un grupo de 40 mil que son “veteranos” que directamente fueron transferidos desde el Ejército Mexicano y la Armada de México con la idea de conformar un pie de arranque en lo que la GN se hacía de sus efectivos propios.
Pero lo anterior no ha ocurrido. Por el contrario. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador avaló que la Secretaría de la Defensa reclutara civiles, los contratara en su nómina, y solo después los transfiriera a la Guardia Nacional. Para efectos prácticos: se trata de soldados prestados.
Lo anterior explica que la mayoría de los efectivos de esta fuerza carezcan del Certificado Único Policial que acredita que son policías plenamente evaluados y con capacidades para desempeñar labores de seguridad pública. De hecho, el 40% de los guardias ni siquiera tienen los controles de confianza aprobados y vigentes.
A lo anterior hay que sumar el tema de las instalaciones. Los 657 inmuebles y terrenos con los que cuenta la GN pertenecen en su mayoría a la Sedena, salvo algunos edificios administrativos heredados por la extinta Policía Federal. Las entidades federativas que han cedido o transferido terrenos para dicha fuerza han firmado los convenios justamente con la Defensa Nacional.
Problema inminente
La decisión del gobierno de López Obrador de impulsar el crecimiento de la Guardia Nacional bajo el paraguas militar va en sentido contrario a la reforma constitucional aprobada en 2019 para crear a dicha fuerza. En la Constitución quedó establecido que la GN es una policía civil adscrita a la Secretaría de Seguridad.
En los artículos transitorios de dicha reforma se avaló que, solo de forma extraordinaria, la Sedena y la Secretaría de Marina transfirieran un grupo de efectivos para conformar el pie veterano de esta fuerza. Y se estableció que el apoyo militar tendría un periodo de vigencia cinco años mientras se conformaba, justamente, una Guardia Nacional con sus propios elementos. O sea, con policías civiles.
Como ya se describió líneas arriba se optó por una ruta contraria. Esa fue la razón por la que el año pasado el partido oficial y sus aliados intentaron promover una reforma constitucional para transferir a la GN a la Sedena. Pero esta no logró la mayoría calificada que se necesitaba en el Congreso.
El gobierno optó entonces por promover una reforma solo a leyes secundarias, transfiriendo el “control operativo y administrativo” de la Guardia Nacional a la Sedena. Como ya se informó esta semana, la Corte decidió anular dichas modificaciones legales al concluir que eran inconstitucionales.
Ayer el máximo tribunal fijó como plazo máximo el mes de enero de 2024 para que se hagan las modificaciones necesarias y se cumpla en los hechos lo que dice la Constitución: que la Guardia Nacional opere bajo control total de la Secretaría de Seguridad y no de la Sedena.
De acuerdo con autoridades federales consultadas, para que esto se cumpla efectivamente la Defensa tendría que ceder el mando de todas las coordinaciones estatales que actualmente ostentan militares. Además, los efectivos que mantiene bajo su nómina deben ser enrolados definitivamente en la Secretaría de la Seguridad.
O, en caso contrario, la Defensa Nacional puede optar por retirar a sus elementos de la GN, pero ello dejaría a dicha fuerza con apenas unos 20 mil efectivos propios.
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