Por: Arturo Ángel
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, no pagará los 30 millones de dólares que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le ha pedido para alcanzar un potencial acuerdo reparatorio por los procesos abiertos en su contra.
El abogado defensor del exfuncionario, Miguel Ontiveros Alonso, confirmó a este medio que dicha alternativa está descartada, y reiteró lo señalado ayer en un comunicado en el que consideran que este monto es ilegal. En ese contexto, ahora estudian la ruta que seguirán para su defensa.
“Nosotros no podemos comprometernos a cubrir un monto que no se puede pagar. Así no va a funcionar”, dijo el litigante.
El monto de los 30 millones de dólares fue dado a conocer en la audiencia realizada el pasado 18 de julio por el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con lo expuesto, esa era la cantidad correspondiente a la reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Esa cifra es tres veces superior a los 10.7 millones de dólares que la defensa de Lozoya sostiene que le corresponde como reparación, y que equivale a la suma de los presuntos sobornos que según la acusación de la FGR recibió el exdirector de Pemex de parte de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México.
De acuerdo con lo que los abogados de la defensa han expuesto en varias ocasiones, el monto de los 10 millones ya había sido aceptado el año pasado por el Consejo de Administración de Pemex, por lo que las modificaciones planteadas ahora son, desde su punto de vista, improcedentes.
“Esta nueva postura no solo violenta los acuerdo del Consejo de Administración de Pemex, sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza, por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”, señala el comunicado emitido ayer por los abogados.
La defensa insistió en que la prisión preventiva en la que se encuentra el exdirector de Pemex es “una decisión de Estado y violatoria de sus derechos fundamentales”, pues consideran que el trato que debería habérsele dado es el de un testigo colaborador, luego de que este presentó en 2020 una denuncia en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y otros.
¿Y entonces qué sigue?
Tras lo sucedido ayer la defensa de Emilio Lozoya indicó que continuarán trabajando en su estrategia de defensa frente a las acusaciones de la FGR. Esto sumado a múltiples amparos que han promovido contra el aseguramiento de bienes, entre otras acciones.
Cabe señalar que en lo que respecta al proceso penal por el caso Odebrecht, las pruebas y acusaciones ya se expusieron y el juez dio la orden de que el asunto avance a la fase de juicio. Sin embargo, tanto la FGR como la defensa presentaron una apelación por la decisión del juez de excluir diversas pruebas, por lo que el tema está pendiente de dirimirse en un tribunal colegiado.
En el caso de Agronitrogenados el juez pospuso para el 31 de agosto la presentación de pruebas y desarrollo de la fase de intermedia, tras considerar que tanto las víctimas en el caso, así como la FGR deberían repasar los montos y el procedimiento que han llevado a cabo hasta ahora de cara a un acuerdo reparatorio que, a estas alturas, parece ya imposible.
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