*El litigante, Oscar Zamudio, acusa que le quieren inventar un delito en represalia por las victorias judiciales que ha obtenido en los últimos meses. “Les incomodo y me quieren intimidar…”
Por: Arturo Ángel
En un hecho inédito, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende procesar penalmente al único abogado que, en el ejercicio de defensa de su cliente, ha denunciado formalmente las irregularidades en torno a las investigaciones y procesos en los que está involucrado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Se trata del abogado Oscar Zamudio Campos, defensor de otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño, este último denunciado por Lozoya de supuestos sobornos que hasta la fecha no han sido probados.
Los cargos en contra de Zamudio los impulsa el mismo fiscal federal que es su contraparte en el caso contra Treviño. La solicitud para procesar al defensor fue presentada justo cinco días después de que este logró dos victorias clave en tribunales, en las que jueces le dieron la razón ante negligencias e irregularidades de la FGR.
“En represalia ahora la FGR me persigue penalmente buscando callar la voz de la defensa porque le resulta incómoda, porque no se ha doblegado ante ellos, ni ha traicionado a su cliente para que declare hechos falsos o les entregue dinero”, señaló el litigante en un oficio dirigido a la organización civil especializada en combate a la corrupción, TOJIL, y al que este reportero tuvo acceso.
Fue el pasado 30 de mayo cuando el fiscal de la FGR, Kristian Jiménez Hernández, solicitó a un juez que programe una audiencia inicial para presentar una imputación en contra de Zamudio. Kristian Jiménez es el fiscal que desde el inicio ha estado a cargo de los casos iniciados a partir de la denuncia presentada por Lozoya en agosto de 2020, ninguno de los cuales ha avanzado a un juicio.
La solicitud del fiscal Jiménez – cuyo jefe es el subprocurador Juan Ramos, mano derecha del fiscal general Alejandro Gertz Manero – ocurrió cinco días después de que fue derrotado por Zamudio en una audiencia ante el juez federal Luis Benítez Alcántara. En dicha audiencia el juez consideró injustificada e ilegal la decisión de Jiménez de no abrir una carpeta de investigación para investigar las presuntas incoherencias y falsedades que habría declarado Lozoya, y que fueron denunciadas por el defensor de Treviño desde 2021.
Este revés judicial se dio luego de otro ocurrido unos meses antes, cuando Zamudio logró que un juez revirtiera la decisión inicial de la FGR de ignorar una denuncia que interpuso por las presiones y malos tratos que llevaron a Lozoya a presentar la denuncia de 2020 con hechos falsos. Una denuncia que, como la propia defensa de Lozoya lo ha comenzado a revelar ahora en entrevistas recientes, se dio a partir de presiones y promesas que no les han cumplido.
Fue justo esa denuncia presentada por Zamudio lo que ahora ha utilizado la FGR para tratar de procesarlo y, con ello, sacarlo de facto de la defensa de Treviño.
El antecedente: tortura no investigada
La acusación en contra de abogado Oscar Zamudio surge de la carpeta de investigación número FED/FECOC/CGI-CDMX/0003814/2022 iniciada en su contra por un tipo de ilícito que se conocen como “delitos de abogados”. La indagatoria se abrió en los últimos días de 2022 y de forma inusualmente expedita fue integrada y presentada ante el juez.
En síntesis, la FGR acusa a Zamudio de haber “pretendido crear supuestos hechos evidentemente falsos” con la finalidad de buscar un beneficio para su cliente. Ello luego de que Zamudio denunció formalmente en julio de 2022 que Lozoya fue torturado, por lo que solicitó que mientras se investigaba ese hecho se suspendiera el proceso en contra de su cliente (Treviño) surgido justo de la denuncia de Lozoya.
Pero la denuncia de Zamudio, como luego ratificó un juez, si tenía un fundamento legal: el artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, donde se establece que también se comete tortura cuando un funcionario realiza una conducta encaminada a disminuir o anular la personalidad de alguien, o su capacidad física op sicológica, aunque no le cause dolor ni sufrimiento.
De acuerdo con Zamudio eso pasó justamente con Lozoya, como quedó en evidencia en los audios de las llamadas que Gertz y Juan Ramos sostuvieron con el padre de Lozoya, donde estos los presionaron para que, entre otras cosas, cambiaran de abogados, se desistieran de amparos promovidos en su contra y aceptaran sin pelear la extradición a México.
Sin embargo, la FGR se negó a investigar al titular de la dependencia y a Ramos por estos hechos. El 29 de agosto de 2022 decidió “abstenerse” de investigar bajo el argumento de que Zamudio no era ni el abogado de Lozoya ni le constaban esos hechos.
Luego, tras verse forzada por una decisión judicial a hacer un mínimo esfuerzo por revisar la denuncia, fiscales de la FGR acudieron el 8 de diciembre a entrevistar a Lozoya… pero solo le hicieron dos preguntas: si había autorizado a Zamudio a denunciar y si había recibido presiones de parte de la FGR. Aunque el exdirector de Pemex dio una respuesta ambigua señalando que esto “era falso en esos términos”, los fiscales no le preguntaron en qué otros términos podría esto haber ocurrido.
La venganza vs Zamudio
Sin haber realizado, de nueva cuenta, ningún otro acto de investigación (como el Protocolo de Estambul para casos de tortura), el 21 de diciembre de 2022 la FGR decidió abstenerse nuevamente de iniciar alguna carpeta de investigación por los posibles malos tratos en agravio de Lozoya y que, indirectamente, perjudicaron a Treviño. Y, en cambio, decidió proceder… pero en contra del denunciante, es decir, de Oscar Zamudio.
De acuerdo con los documentos ministeriales a los que se tuvo acceso, unos días antes de que acabara el año se abrió la carpeta en contra del defensor de Treviño y como parte de las diligencias se solicitaron sus datos como abogado y varias de las actuaciones que este había desempeñado en la defensa de su representado.
Y como ya se dijo, el 30 de mayo – cinco días después del último revés judicial propiciado por Zamudio a la FGR – el fiscal Jiménez envió la solicitud de audiencia inicial al Poder Judicial en contra del abogado defensor por su presunta responsabilidad en el delito previsto en la fracción I del artículo 234 del Código Penal Federal.
De acuerdo con la norma, se trata de un delito que “cometen los abogados” cuando “alegan a sabiendas hechos falsos”, y que se sanciona para quien es encontrado culpable hasta con seis años de cárcel.
La audiencia inicial para abordar este tema ha sido programada para el próximo 8 de agosto ante el juez de control José Rivas Gonzales con sede en el Reclusorio Norte.
Cabe señalar que la carpeta de investigación en contra del abogado también se había iniciado por el delito de “falsedad”, pero este ya no fue incluido en el caso judicializado.
Es un ataque vs un operador del sistema: Zamudio
En dos oficios enviados a la organización TOJIL y al Instituto Federal de la Defensora Pública (IFDP), el litigante Oscar Zamudio advierte que la acusación que la FGR pretende imputarle es una revancha y una represalia por las funciones que él ha ejercido como parte de la estrategia de defensa de su cliente. La situación, señala, afecta el equilibrio de fuerzas entre operadores del sistema de justicia.
“La FGR busca imputarme delitos, nuevamente inventados, con la finalidad de intimidarme por ser un defensor que le incomoda, por ejercer mi profesión y el derecho a defender a mi cliente de la persecución penal irracional de la que a su vez está siendo objeto (…) los abogados, somos operadores del sistema y nuestra función es indispensable para combatir la corrupción y la impunidad” señala en el oficio enviado al IFDP.
En el carta enviada a TOJIL el litigante considera que las acciones emprendidas por la Fiscalía en su contra “afectan y ofenden” a todos los abogados en México, principalmente porque la defensa que ha emprendido también busca combatir la impunidad, la corrupción y facilitar el acceso a la justicia.
“Evidentemente este ataque del que soy objeto constituye una violación directa a los Principios básicos sobre la función de loa Abogados, adoptada en el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente” señala el litigante en la misiva enviada a esta organización fundada por las abogadas Adriana Greaves y Estefanía Medina.
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