El delito suele asociarse con conductas que pueden ser apreciadas a simple vista: crímenes o delitos violentos, fraudes evidentes o conductas ilícitas que alteran directamente el orden social. Sin embargo, existen delitos que operan de manera muy distinta. Me refiero al sistema financiero global, donde el delito no se manifiesta de forma evidente. Con frecuencia, se desarrolla de manera discreta, silenciosa, dentro de estructuras financieras altamente complejas que permiten ocultar recursos y dispersar responsabilidades, lo que dificulta la identificación de los verdaderos beneficiarios de recursos obtenidos de forma dudosa o ilícita.
Durante décadas, la criminología estudió al delincuente en lo individual. Recordemos a quien es considerado el padre de la criminología, César Lombroso, y su Escuela Antropológica, quien, por cierto, creó la primera clasificación del delincuente. Posteriormente surgieron otras corrientes, como la biológica, la sociológica y la psicológica, que intentaron explicar el fenómeno criminal desde distintos enfoques conductuales, personales y generales (el crimen, el criminal y la criminalidad). El análisis se dirigía a comprender sus motivaciones a partir de su condición antropológica, biológica, su entorno social o sus características psicológicas.
Bajo esta lógica, el delito era entendido como el resultado de una decisión personal. Sin embargo, con el tiempo surgieron nuevas corrientes que analizaron el crimen como un fenómeno colectivo. Así, la Escuela Crítica sostiene que el delito no puede explicarse únicamente por la conducta individual, sino también por las estructuras sociales, la desigualdad y los mecanismos de control social. Desde esta perspectiva, se analizan los delitos de poder, la criminalidad corporativa y estatal, así como el sistema económico global, como lo han desarrollado autores como Alessandro Baratta, Jock Young o Paul Walton. El delito, entonces, es concebido como producto de estructuras sociales y económicas.
El desarrollo de la globalización financiera y la sofisticación de los mecanismos financieros y corporativos han transformado profundamente la forma en que se manifiesta la criminalidad económica, tradicionalmente estudiada dentro de los llamados delitos de cuello blanco, concepto introducido por Edwin Sutherland. Actualmente, encontramos manifestaciones como el fraude bancario, los delitos bursátiles, el fraude en inversiones, las pirámides financieras o esquemas Ponzi, el lavado de dinero, así como delitos fiscales, corporativos, contra la competencia económica o vinculados al comercio internacional.
Hoy, la criminalidad no puede explicarse únicamente a partir de la conducta de un individuo de manera aislada. Con frecuencia, estos delitos aparecen vinculados a estructuras organizacionales y financieras que permiten ocultar, dispersar o diluir determinadas conductas ilícitas. Desde esta perspectiva, la criminología contemporánea ha ampliado su campo de observación: ya no solo se pregunta quién comete el delito, sino qué tipo de sistemas globales hacen posible su existencia.
Uno de los elementos más relevantes dentro de este fenómeno es el papel que desempeñan los llamados paraísos fiscales. Estas jurisdicciones se caracterizan por ofrecer baja o nula tributación, altos niveles de secreto bancario y financiero, así como escasa transparencia respecto de la identidad de los verdaderos propietarios de empresas o activos.
Es importante precisar que la utilización de estas jurisdicciones no implica necesariamente la comisión de delitos; sin embargo, sí pueden convertirse en espacios que facilitan la opacidad financiera. En determinadas circunstancias, permiten ocultar patrimonios, dispersar recursos entre distintas jurisdicciones o crear estructuras corporativas altamente complejas y difíciles de rastrear.
Desde una perspectiva criminológica, los paraísos fiscales no constituyen el delito en sí mismo, pero sí pueden facilitar la creación de redes financieras opacas. En otras palabras, forman parte de una arquitectura financiera en la que se diseña la estructura mediante la cual circula, se protege, se fragmenta o se disimula el capital dentro del sistema económico-jurídico, y en la cual el delito puede encontrar refugio.
El criminólogo Edwin Sutherland advertía que algunos de los daños sociales más significativos no provienen de la delincuencia tradicional, sino de conductas ilícitas cometidas dentro de organizaciones empresariales aparentemente respetables.
Entre los mecanismos financieros más utilizados para la movilidad transnacional de capital ilícito se encuentran: transferencias internacionales en cadena (layering transnacional), estructuras corporativas multinivel (offshore layering), comercio internacional simulado (trade-based money laundering), fideicomisos y fundaciones privadas internacionales, sistemas alternativos de transferencia (hawala y similares), criptomonedas, préstamos y retornos simulados, así como el uso de intermediarios financieros y asesorías fiscales dentro de complejas redes internacionales. Cada uno de estos instrumentos puede tener una justificación jurídica válida; sin embargo, cuando se combinan estratégicamente, dificultan enormemente el rastreo, porque el dinero no se esconde: se desplaza.
Para comprender mejor este fenómeno, imaginemos una empresa que administra inversiones internacionales mediante diversas sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones. Una entidad se establece en un país con baja tributación para gestionar activos financieros; otra, registrada en un paraíso fiscal, aparece como propietaria formal de dichos activos; y una tercera funciona como intermediaria para canalizar transferencias internacionales; cada una cumple funciones específicas.
A simple vista, todas estas operaciones pueden parecer perfectamente legales. Cada entidad cumple formalmente con los requisitos corporativos y legales de su jurisdicción y cada transacción se encuentra respaldada por contratos o registros contables.
De pronto, a través de esta estructura comienzan a circular recursos cuyo origen resulta difícil de rastrear. Las transferencias se justifican mediante contratos y asesorías financieras, mientras que cada participante interviene únicamente en la parte del proceso que le corresponde. Quien autoriza una transferencia considera que realiza una operación ordinaria. Quien firma un contrato entiende que cumple una función administrativa. Quien registra el movimiento contable ejecuta una tarea técnica. No obstante, el resultado final puede ser la integración de recursos de origen ilícito al sistema financiero internacional sin que los participantes conozcan su procedencia. Este fenómeno puede entenderse como una fragmentación de la responsabilidad.
El sociólogo Zygmunt Bauman analizó cómo las estructuras modernas pueden diluir la responsabilidad moral. En sistemas financieros o corporativos altamente organizados, la responsabilidad no desaparece, sino que se dispersa entre múltiples actores, dificultando la identificación del verdadero responsable.
Comprender estas dinámicas constituye uno de los grandes retos de la criminología contemporánea. Porque, en muchas ocasiones, el problema ya no consiste en determinar quién comete el delito, sino en identificar qué estructuras financieras o corporativas permiten que ese delito exista y permanezca oculto dentro del sistema financiero internacional.
En el sistema financiero global, el delito no se exhibe: circula.
