La columna de esta ocasión esta enmarcada en una pregunta que ya se han hecho otros especialistas, esta es ¿qué hacen las ciencias penales por los grupos en situación de vulnerabilidad?, dicho cuestionamiento a dado motivo y hasta título a distintos ejercicios intelectuales donde participan operadores de las ciencias penales que sí son conscientes de los alcances e implicaciones que tienen estas materias en relación con su función social y el respeto a la dignidad de los seres humanos; sin embargo, no todos los operadores alcanzan ese nivel de conciencia, ni el mínimo respeto por el ser humano y en ejercicio de su actividad “profesional” acaban preocupados por perder sus beneficios o favoreciendo con su actividad a intereses ajenos al asunto.
A menudo se habla de los grupos en situación de vulnerabilidad como meras abstracciones conceptuales cuando en los Estados Unidos Mexicanos, con elevados índices de pobreza, las personas en situación de vulnerabilidad por motivos económicos son “las más”, negarlo es desconocer la realidad nacional. En un primer momento parecería que esto no tiene relación con las ciencias penales, pero la tiene y en un grado enorme, debido a que la situación de pobreza es un “caldo de cultivo” ideal para que las y los seres humanos quienes la padecen se conviertan en víctimas del delito.
Las voces que critican la política de “primero los pobres” en este o en cualquier otro sexenio, critican el aspecto equivocado, reitero, en un país donde la pobreza esta desbordada, no podría ser primero la atención a cualquier otro problema nacional. Lo que sí debemos criticar, cuestionar y vigilar es qué pasa con la política pública para atender el problema, es o no eficiente en cuanto a los resultados que reporta. Desde ese punto de vista, en pleno siglo XXI, es indignante seguir evocando la tristemente célebre máxima: “en la cárcel sólo hay pobres y pobres…”; aún y cuando la criminología nos dice que los delitos de mayor imparto, los realizan personas con elevados niveles de preparación académica, económica y hasta cultural, perfiles poco probables de encontrar entre la población carcelaria nacional. Naturalmente, no es un problema exclusivo de México, pero se remarca por los altos índices de desigualdad, especialmente económica y de género que persisten en la sociedad mexicana.
Últimamente, a través de los medios de comunicación hemos tenido noticias de hechos delictivos donde su esclarecimiento se ve afectado por la cuestionable labor de los servicios periciales, quienes trabajan con las herramientas y recursos de los cuales disponen, pero, desde la escasez de los recursos hasta la falta de un salario decente a médicos, criminalistas y en general a los peritos, se refleja en la forma como desempeñan su trabajo. Ellos también son operadores en el sistema de justicia penal y los resultados de su trabajo técnico, son determinantes para la toma de decisiones de las personas juzgadoras.
Otro ejemplo, es el de la defensoría de oficio, las y los defensores públicos pueden estar adscritos a un órgano jurisdiccional -lo cual ya sería suficiente conociendo la carga de trabajo de la materia penal-, y, además, cubren a otros de sus colegas cuando no están, en ese mismo órgano o en otros, a eso se suma que también conocen asuntos de otras instancias; de modo que el defensor de oficio acaba saturado de asuntos, lo cual, inevitablemente impacta en la atención que le brinda a cada uno.
Por otra parte, pensemos en los operadores judiciales, algunos que realizan ejercicios magistrales de humanismo y conocimiento jurídico penal, pero hay -muchos- otros que restringen su opinión y criterio jurídico a lo que dice el acuerdo (con independencia de la calidad de este último); quizá no todos los operadores judiciales hagan “activismo judicial”; pero, al menos deberían hacer una correcta aplicación de la norma y no una de “formato”.
Mientras no se ataquen las causas reales de la actividad delictiva de manera eficiente, junto con la atención de fenómenos como la corrupción y la impunidad, cada una de las personas que tiene un papel en el sistema de justicia penal deberá tratar de corresponder a su responsabilidad y mantenerse apegada, desde su marco de valores hasta el código de ética de su actividad; es responsabilidad de todas y todos expulsar la corrupción e impunidad del sistema y responder al nivel que las exigencias de justicia de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos originarios, entre otros; personas que enfrentan la interseccionalidad, es decir, reúnen en sí mismas dos o más categorías que intensifican su situación de vulnerabilidad.
Gracias por tomarte el tiempo de leer.
Alberto Francisco Garduño.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
X: @albertofco9
