*Si el gobierno en manos de Martí Batres no devuelve el dinero o prueba correctamente su destino, la ASF está obligada a presentar denuncias penales en la FGR.
Por: Arturo Ángel
La a partir de hoy exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó el cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena, sin que quedara esclarecido el destino de más de 7 mil 800 millones de pesos de fondos federales que fueron transferidos a su administración durante los primeros tres años del sexenio.
Los recursos no esclarecidos están vinculados con 62 irregularidades graves detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que representan un potencial quebranto al erario, ya sea por negligencias o por acciones premeditadas para desviar el dinero.
De acuerdo con los datos oficiales asentados en el sistema público de consulta de auditorías de la ASF, en el periodo de 2019 a 2021, es decir, durante los primeros tres años de la administración de Sheinbaum, las auditorías practicadas identificaron irregularidades en el manejo de 7 mil 837 millones de pesos que, hasta la fecha, no han sido solventadas.
La mayor parte de dichas irregularidades está vinculada con recursos federales transferidos a la capital correspondientes a doce fondos y programas destinados, entre otras cosas, a fortalecer los servicios de salud de la ciudad, al equipamiento y capacitación de las fuerzas de seguridad, al desarrollo de infraestructura básica, y al llamado fondo de capitalidad.
En números exactos, se detectaron 62 hechos potencialmente fraudulentos en el manejo de los recursos asignados por parte de los funcionarios responsables. De ellos 23 se cometieron en el manejo de recursos correspondientes al ejercicio 2019, 22 al ejercicio del presupuesto de 2020, y 17 al ejercicio de 2021.
Los pliegos de observaciones emitidos por los auditores como resultado de estos potenciales quebrantos tienen que ser forzosamente esclarecidos por el gobierno capitalino que ahora está en manos de Martí Batres. Si eso no ocurre y si el dinero no es probado o devuelto, la ASF está obligada a presentar denuncias penales ante la Fiscalía Federal de la República en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables.
Con independencia de los anterior, la ASF promovió ante los órganos de control interno correspondientes 142 procesos de responsabilidad administrativa con la finalidad de que los servidores públicos implicados también sean investigados y en su caso sancionados por esa vía. De esos procesos 80 corresponden al manejo del presupuesto etiquetado para 2019, 49 al ejercicio de los recursos de 2020, y 13 al 2021.
Por lo que respecta a los recursos correspondientes al 2022 transferidos a los estados y a la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación aun está en la elaboración de los informes de resultados que comenzarán a conocerse en las próximas semanas.
El foco rojo: recursos de salud
Aunque las irregularidades en el manejo de recursos federales en la administración de Claudia Sheinbaum se detectaron en más de una decena de fondos y partidas hay una que representa un foco rojo: el denominado Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud correspondiente al ejercicio 2019.
De acuerdo con el informe de resultados 621-DS-GF correspondiente a la auditoría de cumplimiento financiero 2019-A-09000-19-0621-2020, tan solo en lo correspondiente a este fondo se detectaron irregularidades graves del orden de los 4 mil 592 millones de pesos.
En síntesis, lo que los auditores observan sustancialmente es que los funcionarios no entregaron la información completa ni debidamente certificada que acredite el destino de los referidos recursos transferidos.
Llama la atención que se trata de una irregularidad grave reportada ya desde hace más de dos años por los auditores, sin que hasta la fecha, según los registros de la ASF, haya podido ser solventada todavía por la administración que hasta el día de ayer encabezó claudia Sheinbaum.
“En conclusión, la información y documentación proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México no permitió verificar la gestión financiera de los recursos federales ministrados a la Ciudad de México, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y en su caso, recursos ejercidos durante 2020”, señala el informe de dicha auditoría.
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