Por: Arturo Ángel
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, emitió con casi dos años de retraso el Estatuto Orgánico de la FGR que, entre otras cosas, le permite retener el control de la investigación de casos clave de corrupción, además de que establece que los contratos, convenios y otros procesos de adjudicación de la institución podrán ser clasificados como reservados.
Los estatutos que se publicaron ayer en el Diario Oficial de la Federación delimitan a detalle la organización y operación de la Fiscalía General de la República que, en el papel, es una institución autónoma del Poder Ejecutivo cuya misión es el esclarecimiento de los delitos del orden federal.
En temas de organización, quedó establecido que la FGR contará con ocho fiscalías especiales: la de control competencial, combate a la corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada, control regional, derechos humanos, violencia contra las mujeres y trata, y asuntos internos.
Aun cuando se establece que cada una de esas fiscalías se dedicará a un tipo específico de delitos, los estatutos orgánicos facultan a Gertz a colocar en un área denominada “Fiscalía de Asuntos Relevantes” dentro de la Fiscalía de Control Competencial (FECOC), aquellos casos que por su relevancia requieran ser tratados en dicha instancia, sin que detalle cuales serían las reglas o factores para clasificar este tipo de asuntos en esa categoría.
Actualmente, la FECOC es encabezada por Juan Ramos, abogado de confianza de Gertz desde hace varios años. Su designación, a diferencia de los titulares de otras áreas como la de Corrupción o Electorales, no pasa por el Senado sino depende exclusivamente de su persona.
Con lo anterior queda oficializada la facultad que Gertz Manero tiene (y que ya ejerce en la práctica) de colocar asuntos que serían de otras fiscalías especiales en áreas subordinadas a su control directo.
Esto es aún más evidente en los temas de corrupción. Pese a que la Constitución contempla que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es la responsable de indagarlos, los estatutos de Gertz no solo mantienen sino elevan en grado jerárquico una unidad denominada “Fiscalía especial de delitos cometidos por personas servidoras públicas” dentro de la FECOC.
Esa unidad era justamente la que se encargaba de indagar casos de corrupción antes de la existencia de la FECC. Aunque con el nacimiento de esta última debió darse paso a su desaparición, el fiscal General ha decidido mantenerla y asignarle casos clave como el de Emilio Lozoya o el de Rosario Robles, entre otros.
En el artículo décimo quinto transitorio de los estatutos orgánicos se establece que todas aquellas indagatorias por delitos de corrupción que estén radicadas en otras áreas de la FGR deben pasar a al FECC en un máximo de 90 días, pero se deja a salvo de dicha disposición aquellos que por determinación de Gertz deban quedar en otra instancia.
“Lo previsto en este artículo no será aplicable a los asuntos que la persona titular de la Fiscalía General haya encomendado a la Fiscalía Especializada de control Competencial”, indica dicho transitorio.
Candado de opacidad
En los estatutos orgánicos emitidos por el fiscal Gertz Manero también se estableció que prácticamente cualquier documento de la institución, incluyendo los contratos y convenios que se firmen, podrán ser clasificados como información reservada o confidencial y, en consecuencia, que no sea publicada ni entregada vía solicitudes de transparencia.
De acuerdo con el artículo 254 de los estatutos, entre los documentos emitidos por la FGR que podrán ser reservados se encuentran expedientes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, bases de datos, y sistemas informáticos.
Además, se establece que toda la información relacionada con carpetas de investigación queda definitivamente clasificada como reservada, y únicamente las partes que intervienen en cada caso podrán tener acceso a ella.
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