Po: Arturo Angel
La Organización de Policía Internacional (INTERPOL) canceló la ficha roja de localización y captura que había girado en 2021 en contra del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, tras concluir que existen irregularidades graves en el caso que lo hacen incompatible con los estándares internacionales del debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Lo anterior, luego de que el Comité de dicho organismo internacional consideró de forma unánime que no existen las garantías que respalden que el exdirector de Pemex tenga un proceso y juicio justo en nuestro país.
Esto mientras que en México la FGR intenta procesar penalmente al abogado de Treviño, Oscar Zamudio, quien ha denunciado múltiples irregularidades en torno a los dichos de Lozoya y a la actuación de la Fiscalía en el caso.
Treviño era buscado en 194 países luego de que la FGR solicitó su captura, como resultado de una investigación surgida a partir de la denuncia de otro exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien lo señaló de haber recibido un presunto soborno de más de 4 millones de pesos de una filial de Odebrecht.
La situación en torno a Treviño fue abordada y analizada en la 124 sesión del Comité de la INTERPOL que se llevó a cabo a finales de marzo pasado.
A través de sus representantes, ex exfuncionario federal mexicano solicitó la intervención del comité ante lo que considera son condiciones irregulares e injustas que imposibilitan que pueda tener acceso a un juicio justo en México.
El exfuncionario entregó documentación que muestra, por ejemplo, que se enteró por la prensa que se le pretendía iniciar un proceso penal antes de que fuera notificado oficialmente, y que cuando se le informó faltaba apenas un día para la audiencia, dificultando con ello su defensa.
Además, cuando se le entregó la copia de la carpeta de investigación se hizo con trascripciones de documentos ilegibles y hasta en cuatro idiomas distintos (portugués, francés, alemán e inglés) sin ningún tipo de traducción. Sumado a ello, se intentó que compareciera en un penal de máxima seguridad, y no en el reclusorio capitalino donde están radicados otros procesos emanados de la misma denuncia.
Ante ello, el juez federal en México no solo ignoró las peticiones de la defensa de que se diera un tiempo suficiente para analizar estas discrepancias, sino que incluso ordenó que Zamudio, el abogado de Treviño, fuera retirado del caso por no llevar a su cliente a la audiencia.
La defensa del exdirector de Pemex señaló además ante el Comité de INTERPOL que el caso se ha construido a partir de una declaración que Lozoya Austin concedió con hechos presuntamente fabricados o falsos, y que se obtuvo a través de intimidaciones y presiones del fiscal General del país equivalentes a tortura.
El silencio de FGR y la decisión de INTERPOL
En respuesta a estos argumentos, la representación de la FGR en INTERPOL argumentó que no tenía ningún elemento que aportar para contrarrestar lo referido por Treviño Medina y que, en todo caso, sus señalamientos los tendría que probar en un eventual juicio.
En ese contexto, el comité valoró que la forma en como se ha desarrollado el caso es incompatible con el artículo 2 de la Constitución de INTERPOL que se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en la vertiente del derecho que tiene cualquier persona de enfrentar un juicio público y justo ante un tribunal absolutamente imparcial.
Los miembros del comité señalan que si bien, con el material disponible no es posible llevar a cabo un análisis de fondo, la información proporcionada efectivamente deja ver irregularidades en el caso que, sumadas, generan dudas sobre su integridad.
El no haberle dado a Treviño tiempo suficiente para preparar su caso, el entregarle información incompleta o ilegible, el cambio de jurisdicción hacia un penal de máxima seguridad incompatible con el perfil del exfuncionario y la decisión del juez ignorar dichas circunstancias y, en cambio, quitar al abogado defensor del caso, son ejemplos de situaciones no acordes a un proceso adecuado con las convenciones internacionales en la materia.
“La Comisión expresa su preocupación por la falta de esfuerzos serios para hacer valer el derecho del solicitante (Treviño) de un tiempo adecuado para preparar su defensa así como para ser representado libremente por el abogado de su elección. Situaciones que agravan las irregularidades en torno a como se le realizó la notificación del proceso en su contra”, indicó el comité.
En ese contexto, INTERPOL concluyó que los datos que dieron pie a la colocación de Treviño en sus bases de datos no son compatibles con los estándares del organismo y, por lo tanto, ordenó que su registro sea borrado.
El caso en México
En México el caso en contra de Treviño Medina se mantiene atorado desde agosto de 2021, cuando la FGR pretendió que el exfuncionario se presentara en Altiplano, lo que no hizo ante el riesgo de que se le impusiera una prisión preventiva en ese centro penitenciario. Como resultado trascendió públicamente que los fiscales solicitaron y obtuvieron una orden de aprehensión en su contra.
La defensa de Treviño ha trabajado desde entonces en combatir a través de un juicio de amparo las irregularidades que han advertido en torno a este proceso penal y, al mismo tiempo, han denunciado al propio Lozoya por declarar hechos falsos, y a funcionarios de la FGR por cómo han trabajado el caso.
El abogado defensor, Oscar Zamudio, trabaja no solo en la estrategia de su representado sino en la suya propia, luego de que la Fiscalía lo acusara de haber simulado supuestos hechos falsos en la denuncia que promovió por tortura en contra del fiscal General, Alejandro Gertz Manero. Este 8 de agosto está programada una audiencia inicial en la que la FGR intentará que el litigante sea procesado.
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